La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en contra de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que fueron denunciados de manera anónima, informó el órgano del Poder Judicial este 24 de febrero.
Esto, tras la publicación de notas periodísticas en las que se aseguraba que se presentó una denuncia en contra del magistrado Carlos Alpízar Salazar y Alejandro Ríos Camarena, secretario general de presidencia y ex secretario ejecutivo de administración, respectivamente, quienes presuntamente estaban relacionados con supuestos actos de corrupción, en los que habrían participado integrantes de despachos jurídicos que se relacionan con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.
A través de un comunicado de prensa, el CJF señaló que la Fiscalía tomó la determinación dado que, a partir de la narración de los hechos, no se proporcionaron datos de prueba que permitieran generar líneas de investigación, ni tampoco se desprendían circunstancias específicas de tiempo, modo u ocasión. Si bien se señalaron diversas personas como posibles imputados, no se indicaron hechos concretos en los cuales basar la investigación, ni se tuvo certeza de quién realizó la denuncia o incluso datos sobre posibles testigos o víctimas que hayan sufrido o presenciado un agravio.
Por tanto, con base en lo anterior, la FGR resolvió que no se pudo contar con datos de prueba que ayudaran a la acreditación de los elementos del tipo del delito y, en consecuencia, determinó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal.
El CJF refrendó su compromiso con la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, así como sus esfuerzos por erradicar este tipo de conductas entre las y los servidores públicos que integran el Poder Judicial Federal.
