El Instituto Politécnico Nacional (IPN) enfrenta fuertes denuncias contra sus funcionarios por presuntos actos de corrupción en los procesos de licitación de productos o servicios como el servicio de limpieza.
Jorge Hernández, abogado de la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro), reveló que el Órgano Interno de Control del IPN recibió una petición para dejar sin efectos el contrato IA-011B00001-E32-2022 asignado a Joad Limpieza y Servicios por incumplir en la documentación, entre otras irregularidades durante el proceso.
“Funcionarios públicos moldean, analizan y aprueban los mecanismos jurídicos, administrativos o técnicos para hacer que las empresas de su deseo obtengan los contratos”, expresó.
Por su parte, Silvio Octavio García Rodríguez, presidente de Conapro, dijo que el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, no ha podido contener los actos de corrupción que perjudican a los jóvenes que acuden a refrendar su educación superior, al permitir que se siga violentando los procesos de licitación.
Recordó que existen denuncias en contra de funcionarios públicos como Javier Tapia Santoyo, Noé Miranda Mendoza y Carlos Ruiz Viquez Cuevas, quienes, entre otros muchos personajes más, presuntamente “saquean las arcas de la institución”.
García Rodríguez detalla que una auditoría realizada por la Conapro, revela que dentro de los procesos de licitación, David Eduardo Magaña Martínez, Mayra Paredes Ferrer y Javier Hernández Betancourt, funcionarios del IPN, alinean los procesos para favorecer a ciertas empresas.
Hernández, también director de la oficina de auditoría de esta agrupación, denunció que los funcionarios públicos “son responsables de orquestar un verdadero grupo delincuencial que gestionan calificaciones, a favor o en contra de empresas, para refrendar los contratos y dinero público a modo”.
“Sin fundamento técnico, o en el mejor de los casos erróneo, se encargan de restar puntos a proveedores de productos, o servicios, que van en contra del interés del pueblo de México; simplemente actúan como hampones en contra de la nación”, señala.
Aseguró que la forma de operar de estos malos servidores públicos ocasionan que se “pierda la libre competencia; así como el fomento del favoritismo para ciertas empresas amigas, incluso cuando sus propuestas técnicas son ilegibles”.
El abogado también puso como ejemplo la licitación LA-011B00001-E526-2021, adjudicada a “LB Sistemas SA de CV”, “empresa que de manera clara entrega un porcentaje a los funcionarios del IPN para obtener el contrato, ante los ojos de Carlos Ruiz Viquez y del director general del Politécnico.
Adelantó que se preparan una solicitud formal ante la Secretaría de la Función Pública para analizar las acciones de los servidores públicos señalados porque, según la documentación presentada, han cometido actos ilícitos en perjuicio de la nación de manera sistemática.
