Verónica Juárez Piña, coordinadora nacional de Nueva Izquierda, del PRD, pidió se investigue la actuación negligente, tanto de la Fiscalía de Jalisco como del Ayuntamiento de Zapopan, en los hechos que derivaron en el asesinato de Luz Raquel Padilla.
La líder perredista expresó , además, su mayor rechazo a los actos de violencia cometidos en contra de Luz Raquel, quien fuera quemada viva y brutalmente asesinada a unas cuadras de su casa, el pasado 16 de julio de 2022.
Luz Raquel era una mujer cuidadora de tiempo completo de su hijo, menor de edad, quien sufre autismo severo y requiere atención especializada las 24 horas del día. Debido a la dureza de sus crisis de salud, los vecinos los habrían amenazado reiteradamente y, en este contexto de violencia, Luz denunció un ataque con cloro industrial que le produjo heridas en la parte superior del cuerpo, por lo que solicitó la protección de las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
El principal sospechoso de la agresión contra Luz Raquel era su vecino, Sergio “N”, a quien ella había denunciado por lesiones y amenazas; por lo cual la Fiscalía le impuso una orden de restricción.
Pero ahora resulta que las autoridades se están echando la bolita, denunció Juárez Piña, “porque mientras el Ayuntamiento de Zapopan argumenta que le había retirado la protección porque el plazo de restricción de 60 días solicitado por el Ministerio Público había expirado, la Fiscalía argumenta que este es sólo un asunto técnico porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que esas medidas deben estar siempre vigentes. El asunto es que ninguna de las dos autoridades cumplió su responsabilidad y Luz Raquel fue asesinada.”
Desde el PRD, enfatizó la dirigente de Nueva Izquierda, exigimos que, “al tratarse de una muerte violenta de una mujer, se aplique el protocolo de investigación de feminicidio y, dado que se trataba de una cuidadora primaria del infante con autismo y las denuncias de amenazas se relacionan con el menor de edad, se aplique la perspectiva de discapacidad en la investigación de estos hechos.”
Asimismo, la exlegisladora oriunda de Jalisco, demandó al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes “intervenga para garantizar la atención integral del hijo de la víctima y sean restituidos sus derechos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; para garantizar su pleno desarrollo, al que tiene derecho constitucionalmente.”
