La presidenta de la Comisión de Vinculación y el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, aseguró que permitir que los partidos políticos reintegren el remanente del financiamiento público que se les asigna antes de que se realice la fiscalización a cargo del INE, violaría a la autoridad electoral, ya que es la única instancia facultada para determinar el monto de los remanentes.
Lo anterior luego de que a principios de mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera una sentencia donde se determinó la invalidez de las reformas que permitían a los partidos políticos reintegrar remanentes de su financiamiento, por lo que la Consejera Electoral detalló que debe ser el INE quien determine en última instancia si existen sobrantes.
“Para la consolidación de gobiernos democráticos es fundamental entender que las leyes deben trabajar a favor de la colectividad y no para los propósitos de las fuerzas políticas en el poder”, indicó.
En tanto, precisó que con la invalidez del artículo 19 Tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la cual brindaba facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para usar fondos devueltos por los partidos en prácticamente lo que quiera, se “elimina la posibilidad de que la autoridad hacendaria destine los recursos” de forma discrecional.
Fue el pasado 12 de septiembre cuando algunos ministros de la Corte habían advertido que la reforma propuesta por Morena favorece a los partidos mayoritarios, que son los que más dinero reciben del INE; tal es el caso del partido del presidente, el cual recibirá en 2023 hasta mil 837 millones de pesos, esto es 66% más que el Acción Nacional y 70% más que el PRI.
Debido a que los reintegros pueden ser utilizados como propaganda, lo anterior podría poner en situación de desventaja a aquellos partidos políticos que reciben menos financiamiento debido a que ellos si pondrían en riesgo su operación ordinaria y no podrán renunciar a la misma cantidad de recursos que reciba el partido de mayor financiamiento público.
Cabe recordar que el grupo parlamentario de Morena impulsó esta reforma luego de que el partido tuviera problemas para devolver 200 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (TF) para comprar vacunas contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19) a finales de 2021.
Cuando Morena solicitó devolverlo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) respondió que no se cumplía con los requisitos establecidos en los lineamientos en la materia que habían sido previamente aprobados por el INE, los cuales establecen que la renuncia se debe realizar antes de que se les sean ministrados los recursos, y en ella se deben de prever las deducciones por sanciones, en ese sentido consideró que no era viable la renuncia planteada.
Con la reforma a la ley, Morena abrió la posibilidad para que los partidos pudieran renunciar a su financiamiento público, sin importar si ya había sido asignado o no, o reintegrar los remanentes incluso antes de que el INE los determine en la revisión de fiscalización.
