En medio de acusaciones sectoriales por requisitos que limitarían la libre competencia, dos empresas supuestamente vinculadas a José Juan Reyes Domínguez entregaron propuesta para encargarse del servicio de jardinería en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), durante 2023.
Tal como se observa en la invitación restringida IA-11-B00-011B00001-N-221-2023 cuatro compañías enviaron sus proposiciones este lunes 6 de marzo, se trata de Joad Limpieza y Servicios, Proecolim de México, Servicios Caindi y Servipro de México, las dos primeras interesadas en las 26 partidas presupuestales y enlazadas en el rubro al personaje conocido como ‘rey de la limpieza’.
“Históricamente hemos detectado a diversas firmas que muestran signos de colusión para simular competencia en las contrataciones públicas, uno de los ejemplos son Joad Limpieza y Servicios y Proecolim de México, que estarían bajo el mando de José Juan Reyes Domínguez, quien coordinaría las pequeñas diferencias de precio entre cada una de las empresas”, expusieron miembros del nicho en entrevista anónima.
Joad Limpieza y Servicios fue acusada el año pasado de verse beneficiada por funcionarios, que posiblemente actuaron parcialmente para convertirla en proveedora del aseo durante 2022; señalamientos que estuvieron seguidos de una denuncia por incumplimiento donde el 75% de los administradores de contrato en CDMX describió que no se afilió puntualmente a todos los afanadores en el IMSS; que no se brindaron uniformes, maquinaria y equipo en los tiempos marcados, además que se manipulaban las listas de asistencia para inflar la plantilla que realmente estaba en operaciones. Todo esto mientras aseguraron que se les pidió guardar silencio o serían separados de sus cargos.
A pesar de las solicitudes de indagación, la compañía ha prevalecido a cargo de la limpia de instalaciones hasta estos días, debido a que la compra de este año fue suspendida tras detectarse irregularidades procesales por el titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del IPN, Rubén Gómez Montes de Oca.
Antes que se tomara dicha decisión y ante la ausencia de Junta de Aclaraciones, diversas firmas hicieron saber su interés por participar en el concurso IA-11-B00-011B00001-N-90-2023, junto con una serie de cuestionamientos a los requerimientos, ya que coartarían la libre participación y se encontrarían por encima de las disposiciones legales en la materia, incluido el Contrato Marco que realizan y vigilan la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Función Pública (SFP).
El caso de Proecolim de México no es diferente, ya que en septiembre de 2020 su nombre se listó con el de Grupo Relissa Servicios Corporativos; Comercializadora de Servicios Reyson; Grupo de Servicios Monte Grande; Comercializadora Morelos, Servicios y Sistemas Institucionales para Inmuebles; Limpieza Val; Green Mamba Services y Tecnolimpieza Delta, en una denuncia donde un trabajador de Gerlim (otra de las razones sociales) pidió a autoridades como la SFP, la SHCP y la Fiscalía General de la República, que indagaran probables colusiones para conseguir contratos con ayuda de funcionarios, entre ellos, de la Secretaría de Salud.
Al término de 2020, la dependencia signó un convenio de 36 meses por 407.8 millones de pesos con Comercializadora Morelos Servicios y Sistemas Institucionales para Inmuebles, Aseo Privado Institucional y Cleanium, en el periodo que José Alonso García Salazar, hoy director General de Recursos Materiales e Infraestructura en el IPN, ocupaba el mismo encargo en la Secretaría.
Entorno al proceso para adquirir la jardinería de 2023 también han surgido peticiones de investigación enviadas a Hacienda, en ellas, Ecoblue de México aseveró que “se puede inferir con un alto grado de certeza, que los requisitos transcritos en el presente escrito se encuentran direccionados para un posible proveedor de quien la convocante sabe que cuenta con ellos, lo que dará una ventaja indebida respecto al resto de los interesados”.
Entre los ejemplos, se refirió la solicitud de análisis microbianos de germicida, sarricida y thinner “con fecha de expedición no mayor a 30 días”, al dejar de lado que los laboratorios respaldados por la Entidad Mexicana de Acreditación emiten los resultados entre 20 y 30 días, por lo que los integrantes del ramo quedarían impedidos para tenerlos listos en la entrega de propuestas de esta semana, si se considera que la convocatoria se dio a conocer el 24 de febrero casi a las 10 pm. El fallo se prepara para este miércoles 8 de marzo a las 6 de la tarde.
