Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, exigió en una presunta carta dada a conocer el jueves por Abel Barajas, de Grupo REFORMA, su extradición al Gobierno de México, desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido desde 2024 tras lo que el propio capo ha destacado como un “secuestro”.
El documento, compartido por Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó dicha petición realizada ayer en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito.
En julio de 2024, Zambada dijo haber sido engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, y secuestrado en Culiacán para entregarlo en Texas a autoridades estadounidenses que lo encarcelaron en Nueva York, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. “Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, dice en su carta, al alegar que llegó a ese país por un secuestro transfronterizo.
“EU incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso”, insiste, y reclama: “El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte”. Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano “no es opcional”, porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
“Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”, manifiesta.
“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”.
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, “constituiría una traición al sistema jurídico mexicano” y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
“En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal”, señala.
