Tras un proceso de diálogo abierto con autoridades federales y representantes del Congreso sobre las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Industria Mexicana de Coca-Cola informó que, en colaboración con la Secretaría de Salud, acordó una ruta de trabajo para impulsar hábitos más saludables y reducir el consumo calórico en el país.
El entendimiento, informó la empresa, surge del reconocimiento a las inquietudes del Gobierno de México sobre obesidad y diabetes, así como del compromiso del sector para contribuir con soluciones de salud pública. En consecuencia, se aplicará un impuesto menor a las bebidas sin calorías y se ejecutará un programa para disminuir el contenido energético de los productos.
Entre los compromisos destaca una meta de reducción del 30 % en las calorías de los refrescos Coca-Cola, comenzando por las presentaciones grandes. El objetivo es que, en un año, las versiones familiares sean bajas en calorías y representen más del 70 % del volumen nacional, con versiones sin azúcar en todo el catálogo.
Asimismo, la Industria impulsará acciones comerciales para incentivar el cambio de consumo hacia bebidas sin calorías. Con apoyo de distribuidores y comercios, se buscará ofrecer precios más bajos y señalización visible en puntos de venta. Una nueva Coca-Cola Zero de menor tamaño se colocará como la presentación más económica.
En el ámbito de comunicación, la compañía detalló que su publicidad eliminará la participación de menores de 16 años, dará prioridad a Coca-Cola Zero, centrará la promoción de botellas grandes en contextos de convivencia y suprimirá la difusión directa de la versión de tres litros.
El documento suscrito incluye además un programa piloto conjunto con la Secretaría de Salud para promover bebidas sin calorías y la incorporación de Coca-Cola Zero en la campaña global de la Copa Mundial de la FIFA 2026. También se renovará la identidad visual de esa marca.
Por último, la Industria Mexicana de Coca-Cola manifestó su compromiso de mantener una mesa de trabajo permanente con la autoridad sanitaria para supervisar los avances del acuerdo y apoyar políticas públicas enfocadas en la salud de las y los consumidores.
