Seis integrantes del Cabildo del Municipio de San Pedro, de la Administración del panista Mauricio Fernández, concluida en octubre pasado, fueron citados por la Contraloría municipal, como parte de una investigación por irregularidades en la expedición de 24 anuencias de venta de alcohol.
Los ex regidores serían los primeros de una lista de 26 ex funcionarios que serían llamados a comparecer en la Administración del actual Alcalde, Miguel Treviño, que es independiente.
Los citados son los ex ediles panistas Eugenio Bueno, Marcela Valdez, José Ángel Mercado, Miguel Ferrigno y la ex síndica segunda María Diamantina Alcalá, así como el ex regidor del PRI, Eduardo Cruz.
Ellos integraban la Comisión de Ordenamiento e Inspección en el Cabildo.
De acuerdo con la investigación de la Contraloría, durante el último mes de la pasada Administración, el Ayuntamiento expidió 24 trámites relacionados con anuencias o permisos provisionales para venta de alcohol.
“Se determinó la existencia de faltas administrativas graves cometidas por servidores y ex servidores públicos del Municipio”, señala un reporte de la investigación de la Contraloría municipal.
“(Estas faltas) pudieran constituir abuso de funciones públicas”, añade, “por ejercer atribuciones no conferidas o por valerse de las que tienen, inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para otras personas o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público”.
Omisiones en la inspección de los establecimientos, no contar con el visto bueno de Protección Civil y de Seguridad Públicas ni de Medio Ambiente son algunas de las faltas detectadas en la revisión de la Contraloría.
El número de anuencias avaladas en octubre del 2018 llamó la atención de la dependencia, al considerar que la tendencia de meses anteriores se rompía en ese último mes del trienio panista.
“Las aprobaciones de anuencias municipales, permisos provisionales otorgados durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2018 suman un total de 18”, se establece en el reporte.
Esto significaría un incremento de 433 por ciento si se comparan las 24 anuencias de octubre pasado contra el promedio mensual de 4.5 en los cuatro meses anteriores.
Los citados deberán comparecer ante la Contraloría municipal y las sanciones podrían ser amonestación, destitución o inhabilitación, así como recibir multas.
El municipio también podría dar vista a la Fiscalía Anticorrupción, si determina que las actuaciones registradas por los ex funcionarios y ex integrantes del Ayuntamiento representan algún delito.
