El gobierno del Estado de México otorgó un contrato por hasta 192 millones de pesos a la empresa Instrumentos y Equipo Falcón para la prestación de servicios de laboratorio clínico en 22 hospitales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). La compañía ha sido vinculada con el llamado Cártel de la Sangre, un grupo de proveedores investigado por colusión en licitaciones públicas de servicios de salud.
De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación LPN/ISSEMYM/024/2025, la prestación del servicio se extenderá de mayo a diciembre de 2025. Sin embargo, documentos del procedimiento revelan que la oferta presentada por Falcón no fue la más competitiva, ya que superó en 73 millones de pesos a la propuesta más baja, a pesar de que ambas compañías ofertaban los mismos servicios.
La empresa Centrum Promotora Internacional, que también participó en la licitación, fue descartada por la Oficialía Mayor al detectarse que su oferta se encontraba un 40% por debajo de sus precios unitarios previos. Según el dictamen, esto indicaba una estrategia para obtener ventaja en el proceso, ya que Centrum ya poseía información privilegiada tras haber sido beneficiaria de la adjudicación directa CAF-DAS-AD009-2025.
Asimismo, se determinó que la compañía incumplió con la presentación de documentos clave, como la carta de respaldo para el Perfil 14 de pruebas especiales y los requisitos del Anexo Uno-A, además de haber registrado equipos con certificaciones y registros sanitarios vencidos.
Instrumentos y Equipo Falcón ha sido objeto de sanciones y escrutinio público debido a su participación en el Cártel de la Sangre, investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desde 2016 por prácticas monopólicas en contrataciones del sector salud. Según la Cofece, estas irregularidades provocaron un daño al erario de más de mil 200 millones de pesos en administraciones federales pasadas.
En agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Falcón y otras empresas vinculadas, prohibiéndoles participar en contratos con el gobierno durante siete años. No obstante, en noviembre de 2023, la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la sanción impuesta por la SFP, dejando sin efecto la prohibición.
El Diario Oficial de la Federación confirmó la revocación de la inhabilitación tras declararse la nulidad del procedimiento administrativo de responsabilidades PAR-3612/2021. Esto permitió que la empresa volviera a competir por contratos gubernamentales, como el recientemente adjudicado en el Estado de México.
En julio de 2023, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, informó que 19 empresas del sector salud, incluidas aquellas dedicadas a laboratorios clínicos y bancos de sangre, habían sido investigadas por actos de corrupción, lo que derivó en múltiples inhabilitaciones y multas. A pesar de ello, Falcón logró recuperar su capacidad de operar y continuar obteniendo contratos millonarios con administraciones estatales.
