Una red de contratos triangulados entre firmas privadas y gobiernos municipales terminó por arrastrar a la justicia a tres exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa. El caso, cuyo epicentro es la empresa inhabilitada Casanova Vallejo, alcanzó tanto al municipio de Ahome como al de Culiacán, dejando al descubierto la fragilidad de los mecanismos de vigilancia en la administración pública.
De acuerdo con la nota publicada por la revista Proceso, la empresa Grinleasing SAPI de CV, constituida recientemente, fue el punto de partida de un contrato de arrendamiento por 171 millones de pesos, cuyo verdadero ejecutor resultó ser Casanova Vallejo, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova. Esta maniobra derivó en el desafuero del entonces alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, así como del diputado y exsecretario de Gobierno municipal, Genaro García Castro.
El expediente FGE/FECC/09/2024/CI, abierto por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado, revela que el contrato DA-Arrendamiento-018-2021 fue adjudicado el 9 de diciembre de 2021 y firmado al día siguiente, con una duración de 35 meses. No obstante, apenas transcurridas 48 horas, Grinleasing subarrendó el compromiso a Casanova Vallejo, pese a que esta última fue inhabilitada en 2022 por incumplimientos previos con el ISSSTE.
Posteriormente, el 2 de febrero de 2022, el entonces alcalde Vargas Landeros autorizó una ampliación al contrato para incrementar de 126 a 135 las patrullas arrendadas. Según la Fiscalía, esta modificación favoreció aún más a una empresa que no debía estar participando en procesos públicos, y evidenció la falta de capacidad real de Grinleasing para cumplir con sus obligaciones.
La Fiscalía argumenta que una revisión mínima de mercado y antecedentes habría bastado para advertir la incapacidad técnica y financiera de Grinleasing, y evitar así que un tercero—Casanova Vallejo—fuera quien realmente ejecutara el servicio.
Este mismo modelo fue replicado en la capital del estado. En Culiacán, bajo la administración de Jesús Estrada Ferreiro, Grinleasing volvió a aparecer, ahora para el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos. Las unidades tampoco eran propiedad de la arrendadora, sino de Casanova Vallejo, empresa con domicilio fiscal en la Ciudad de México.
Ambos contratos el de patrullas en Ahome y el de recolección de basura en Culiacán, detonaron procesos penales que aún están en marcha. Los exalcaldes involucrados enfrentan acusaciones por ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
Casanova Vallejo, por su parte, ha mantenido una estrategia jurídica agresiva para continuar vigente. Aunque fue sancionada en 2022, promovió una serie de amparos que culminaron con la anulación de su inhabilitación. La sentencia definitiva del 18 de abril de 2024 fue dictada en el recurso de revisión en amparo 221/2023 por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, indica la circular publicada el 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
Pese a las irregularidades documentadas, la empresa ha seguido accediendo a contratos públicos. De acuerdo con datos del sistema Compranet, entre 2022 y 2025 firmó 84 convenios con dependencias federales, por un monto conjunto superior a los 519 millones de pesos.
