El próximo proceso de licitación del servicio integral de limpieza en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avanza a pesar de cuestionamientos internos y denuncias por presuntas irregularidades dentro de la dependencia. De acuerdo con información recabada en el sector, el contrato se perfila nuevamente para la empresa Grupo Barak 7, S.A. de C.V.
En los últimos dos meses, al interior de la Secretaría se incrementaron los señalamientos contra funcionarios por supuestos actos irregulares en la relación con proveedores de servicios como limpieza, jardinería, seguridad y mantenimiento de inmuebles. En varios de estos casos aparecen los nombres de Gerardo Hernández Lomelí, director de Servicios, y de Eladio Peñaloza Salazar, director de Estrategias para el Combate de la Corrupción en la Semarnat.
Este escenario se suma a los antecedentes registrados durante 2025 en la prestación del servicio de limpieza. Durante ese periodo, trabajadores y áreas internas reportaron deficiencias en el suministro de insumos, así como retrasos en el pago de salarios al personal contratado para esas tareas. Versiones internas sostienen que estos reportes fueron del conocimiento de la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra.
Pese a estos antecedentes, fuentes dentro de la Semarnat indican que Hernández Lomelí mantiene la conducción del procedimiento de contratación y afirma contar con respaldo institucional para avanzar con la adjudicación.
Los señalamientos internos también refieren que el funcionario conserva apoyos al interior de la Secretaría, situación que se vincula con su relación familiar con Jessica Maqueda Ramos, su esposa. Maqueda Ramos ocupó un cargo de alto nivel en la Secretaría de Hacienda durante el sexenio anterior y actualmente se desempeña como directora de Recursos Materiales en el Órgano de Administración Judicial.
De forma paralela, se registró la salida de Enrique del Valle, quien se desempeñaba como jefe de departamento y tenía a su cargo el Bioparque San Antonio. Su separación ocurrió después de denunciar presuntos cobros de cuotas para el uso del recinto, los cuales atribuyó a Gerardo Hernández. Posteriormente, el caso derivó en una queja por acoso laboral ante el Comité de Ética de la Semarnat.
En este contexto, persiste la expectativa en torno a la definición del proceso de licitación y a la postura que adopte la titular de la Semarnat frente a los señalamientos internos, así como respecto a las decisiones administrativas que definan el rumbo de la dependencia.
