De nuevo el Presidente hace historia al publicarse un decreto en el Diario Oficial de la Federación que garantiza el libre acceso y tránsito en el país a todas y todos los mexicanos.
Quien lo prohíba, inhiban o restrinjan el acceso a las playas, se harán acreedores a una multa hasta de un millón de pesos, y en caso de reincidencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso que corresponda.
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una minuta que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso a las playas mexicanas.
Ahora, la Ley General de Bienes Nacionales establece que “el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”.
Otra modificación señala que en caso de que no haya vías o accesos a las playas desde el espacio público, los propietarios deben permitir el libre acceso a la misma, por medio de los accesos que se acuerden con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En días recientes la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, subrayó que “las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas y que la restricción que hacen los propietarios de predios colindantes representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación”.
Sabemos de la constante polémica generada por los casos de personas que son desalojadas por ingresar a las playas de los hoteles.
Un sólo ejemplo: en enero del presente año, en Playa del Carmen en el Club “Mamitas Beach”, la policía turística arrestó a dos jóvenes que estaban sobre la arena y los llevaron a la comisaría. El video se hizo viral y se convocó a una protesta en redes sociales.
Al día siguiente, habitantes del lugar se manifestaron en el mismo sitio con pancartas y una bandera mexicana defendiendo su derecho a gozar de las playas.
Todos tenemos derecho a disfrutar del litoral mexicano que tiene una extensión de 11 mil 592 kilómetros, lo que lo coloca en el quinto lugar en América y el tercer lugar a nivel mundial; prohibir el libre acceso es clasismo y discriminación.
La determinación del Gobierno federal es un freno al trato injusto que impide el uso y goce de las playas mexicanas.
¡Por decreto, ya nadie limitará este derecho!
¡Se acabaron las playas privadas!
