Al igual que Donald Trump, fiel a sí mismo, sin presentar las pruebas de manejos irregulares de fondos y fideicomisos, como tampoco lo ha hecho sobre el Seguro Popular, las guarderías infantiles y otras instancias de ayuda a grupos vulnerables, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora quiere absorber a los pocos organismos autónomos que aún no tiene bajo su control.
Marrullero, como él mismo se ha definido, el primer mandatario lo que en realidad busca es el manejo discrecional de los impuestos que todos los mexicanos pagamos, en especial ahora que se aproxima la renovación de la Cámara de Diputados, y requiere recursos para comprar voluntades y no perder la mayoría que se pliega, sin pudor, a sus caprichos.
De todas las acusaciones verbales que ha presentado y que se comprometió a hacer públicas las irregularidades que -asegura- encontró, ninguna se ha traducido en denuncias concretas. Es decir, aplica las chicanadas legaloides que tanto cuestiona.
Ni que decir de sus cuentas alegres. Según sus cálculos, los institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), representan un gasto de 1,500 y 1,000 millones de pesos, respectivamente, pero en su ábaco particular, la integración de estos organismos a la administración pública, representarán recursos adicionales por 20,000 millones de pesos, que servirían para comprar vacunas para el Covid-19.
Se supone que ya se cuenta con tales recursos, si tomamos por verdaderas sus declaraciones en ese sentido. Es decir, existe falsedad en su argumentación y una desproporción mayúscula de los ahorros que se obtendrían por la absorción de los organismos autónomos, considerando los que ya tiene bajo su control como las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y la Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Esta labor de desmantelamiento y absorción, en realidad lo que busca es evitar críticas a sus políticas antieconómicas y, sobre todo, no rendir cuentas de cómo se están utilizando los recursos públicos.
El papel desempeñado por las secretarías de Energía, de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública no ofrecen ninguna garantía de transparencia, ni de eficiencia, como ha quedado de manifiesto en los dos años previos.
En el caso de la dependencia a cargo de Rocío Nahle, luego de dos años, los malos negocios se han traducido en que Pemex cada vez produce menos y debe más y los apagones en la CFE son frecuentes. En la SCT, su inoperancia ya quedó demostrada con las pérdidas por alrededor de 7,000 millones de pesos por la toma de casetas.
Y en el caso de la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, baste señalar que ninguno de los funcionarios y legisladores “fifis” con que cuenta Morena han sido investigados sobre el origen de sus recursos, conflictos de interés, por nepotismo o influyentismo, tal vez porque la propia titular de la SFP reúne varias de estas características.
Por su ambición de dinero, López Obrador ya está preparando la chicanada legaloide que le permita quitar la autonomía a instituciones como el IFT, INAI, INE. Y si ni así le alcanza, iría por los ahorros de los trabajadores y las reservas internacionales del Banco de México, sin que ello se traduzca en reducción de la pobreza.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Después de la muerte por Covid-19 de un alumno de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, quien era Médico Interno de Pregrado en el Hospital General de Ecatepec “Dr. José María Rodríguez”, ocurrida el lunes pasado, la directora de la escuela de la UNAM, determinó retirar a todos los compañeros de la víctima de ese centro médico hasta que se mejoren las condiciones para desempeñar su labor.
