En el caso de la tragedia de la Línea 12 del Metro, que es una de tantas que han ocurrido en este medio de transporte, los gobiernos federal y de la Ciudad de México se comportan como si la culpa hubiese sido de Fuenteovejuna y ellos estuvieran ajenos de responsabilidad.
¿De quién fue la culpa?
Desde el arranque de las obras de la mal llamada “línea dorada” enfrentó problemas de diseño, ingeniería y construcción, que influyeron de manera importante en el sobrecosto excesivo, pero sin la calidad ni seguridad requeridas.
Los parches aplicados por las administraciones que siguieron a Marcelo Ebrard y hasta nuestros días, nunca corrigieron de fondo las fallas estructurales de la obra y mucho menos se le dio el mantenimiento requerido.
De acuerdo con el informe de la cuenta pública de 2020, el presupuesto asignado al Metro tuvo un subejercicio de más de mil 300 millones de pesos, lo que revela el niño interés de las autoridades de la CDMX por la seguridad de los usuarios. De haberse ejercido este importante monto, no estaríamos lamentando la muerte de 25 mexicanos.
Estos fallecimientos se quieren manejar con sordina, lejos del estridentismo y clamoreo cuatroteísta que hicieron patente por el socavón del Paso Exprés en el estado de Morelos, que hasta demandaban la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La sorda tonalidad que pretenden imprimirle a la desgracia de Los Olivos, está asociada al manejo poco escrupuloso de los recursos públicos, desde la época en que el actual canciller era jefe de Gobierno de la capital del país. De entonces a la fecha, los involucrados directamente con la línea dorada, buscan evadir su responsabilidad.
Por encima de las razones económicas o políticas que hicieron posible este no gasto, debe decirse el o los nombres de quienes decidieron dejar de invertir estos recursos y que asuman las consecuencias de su inacción. Además, deben explicar a dónde fueron a parar esos dineros, pues se supone deben ser devueltos a la Secretaría de Hacienda.
Salvo que se quieran incluir como parte del billón de pesos de ahorros que por austeridad y combate a la corrupción presume el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los que tampoco se han rendido cuentas sobre su destino final.
Si nos atenemos a los cálculos oficiales de que las obras insignia de la presente administración muestran retrasos y un importante incremento en los costos y tiempo para ser terminadas, lo más seguro es que esos no gastos se estén canalizando al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas o al aeropuerto de Santa Lucía.
Tampoco puede descartarse que tales ahorros hayan ido a parar al fideicomiso de las fuerzas armadas que, según información que se ha hecho pública, asciende a alrededor de 640 mil millones de pesos.
Los muertos y heridos por este terrible accidente, que, por desgracia, estuvieron en el lugar y momento inoportunos, nada tienen que ver con los dúos dinámicos de Marcelo Ebrard y Mario Carrillo y el de Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía que desde el Olimpo de la inmoral superioridad entonan: “si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que yo no fui”.
He dicho.
