Con un simple acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende subordinar leyes, instituciones y voluntades; pasar de mandatario a mandante y que se haga su real y caprichosa voluntad, con el pretexto baladí de “agilizar trámites”, por supuesto, sin rendir cuentas.
Si los mexicanos aceptamos esta especie de “golpe de Estado administrativo”, bien podríamos admitir cualquier otra locura, incluso entregar de manera vitalicia el poder a quien hoy ocupa la primera magistratura.
No olvidemos que la ley, es el único punto de contención del poder y es el único escudo del que disponemos los ciudadanos para frenar abusos la autoridad. El acuerdo, en los términos en que está redactado, restringe los derechos de las personas frente al absolutismo presidencial que se quiere instaurar.
Un hecho relevante y significativo sobre la publicación del decreto presidencial, es que se da a conocer justo cuando se exhiben las primeras pruebas de corrupción dentro de las fuerzas armadas.
Y no sólo eso, el presidente López Obrador aprovechó el momento para adelantar su pretensión de entregarle más responsabilidades a la milicia, como es la distribución de medicamentos.
Que calle como momia ante las evidencias mostradas de actos ilegales en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, a cargo del ejército, constituye un mentís a su perorata de haber acabado con la corrupción y de ser el gobierno más transparente.
Pero lo más grave al hecho de fingir demencia por estos hechos, es que su decreto constituye un desafío al marco jurídico vigente, el cual se pasa por el arco del triunfo. También es un reto a toda la sociedad -partidos políticos, organismos autónomos, organizaciones sociales, etcétera- para ver qué tan dispuesta está a aceptar la imposición de la voluntad de un solo hombre.
Podría decirse que se trata de un ensayo, a través del cual López Obrador quiere saber si los mexicanos estamos dispuestos a aceptar la imposición de un Estado de excepción, como el que encierra su acuerdo, envuelto en la bandera de la “seguridad nacional”.
Todo con el poder de su firma, de un plumazo dejó sin efecto leyes y ordenamientos que regulan la obra pública y otras disposiciones que norman el funcionamiento de diversas dependencias que tienen que ver con estos asuntos, así como limita o elimina responsabilidades de servidores públicos. Es decir, en los hechos, podría hacer lo que se le viniera en gana.
Y por considerar las obras de infraestructura como “seguridad nacional”, se cancelaría cualquier posibilidad de transparencia y rendición de cuentas, haciendo nugatorio del derecho de acceso a la información a que están obligadas las oficinas de gobierno.
De facto, dejaría también sin sentido las funciones del Poder Legislativo, pues tendrá la facultad para manejar el presupuesto a su antojo y destinarlo a donde quiera, pues es tan amplio el espectro que considera el susodicho secreto, que prácticamente todas las adquisiciones públicas podrían quedar clasificadas como de seguridad nacional.
Impedir que la realización de este ensayo lopezobradoriano se confirme como “golpe de Estado administrativo”, es garantizar la existencia de la democracia como forma de vida y, a la vez, anular cualquier posibilidad de contar con la versión 4T del porfiriato.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Aunque López Obrador insiste en el discurso que primero los pobres, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre julio y septiembre de este año, se sumaron a la pobreza laboral 1.1 millones personas, respecto al trimestre anterior -abril a junio-, para llegar a 52 millones de individuos en esta condición.
@Edumermo
