Si bien la protección a los animales es un tema de avanzada en la Ciudad de México, la misma excluye actos de crueldad que por años se han venido realizando en contra de los animales más invisibilizados: los animales de granja.
Diversos estudios llevados a cabo por la Organización Internacional, Igualdad Animal México, han hecho patente este grave problema. Pese a que la Ciudad de México ha sido progresista al otorgar protección a los animales en su Constitución y la Ley en la materia, reconociéndolos como seres sintientes sujetos de derechos, en lo que toca a los animales destinados al abasto, no se ha logrado garantizar su bienestar en la etapa de matanza, pues no hay regulación sobre los lugares en donde se realiza y, por consecuencia, no se puede seguir el correcto manejo que advierten las Normas Oficiales Mexicanas.
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, todo animal tiene derecho al respeto. Además, ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles y, de ser necesaria su muerte, ésta deberá de ser instantánea, indolora y no generadora de angustia; es decir, se velará en todo momento por que éstos reciban una muerte digna.
Mientras los animales que son criados y matados para consumo no tengan un claro marco legal y persistan las lagunas en la ley, no podremos prohibir las peores prácticas a las que se enfrentan y tampoco podremos exigir que se erradique eso que hoy es normal en estos lugares, como la castración sin anestesia, la pelecha, el hacinamiento, el confinamiento en espacios sin luz, o la iluminación permanente, en detrimento de la calidad de vida de los animales.
Lo anterior afecta directamente al sector salud, y se vuelve materia de salud pública, ya que al ser destinados estos animales a servir como alimento y, no tener certeza sobre su sanidad, se desatan una cantidad de asuntos relacionados a múltiples enfermedades, debido a la cantidad de sustancias químicas que segregan al estar en un estado de estrés o miedo.
Los rastros clandestinos representan espacios en los que no hay vigilancia o seguridad laboral, incluso en varios se han encontrado a menores de edad realizando actos de matanza y manejo animal.
La problemática descrita resulta inadmisible, ya que se vulneran los principios de trato humanitario en la movilización de animales; no se cumple con las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados a la matanza, almacenamiento, transporte y expendio; no se respetan los métodos para dar muerte digna a los animales, ni se sigue con el proceso sanitario señalado para la carne. Tampoco se atienden los lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios, ni las leyes en materia de manejo de residuos de manejo especial.
Todo ello se traduce en la existencia de una cadena de producción que no observa el bienestar y la sanidad animal, lo que significa productos cárnicos con alta probabilidad de contener agentes contaminantes, y genera que la responsabilidad de los involucrados sea mayor, dado que los incidentes locales pueden transformarse rápidamente en emergencias internacionales, debido a la rapidez y el alcance de distribución, como lo hemos visto con la actual pandemia por la COVID-19.
Finalmente, se debe dejar en claro que la actividad lucrativa que representan los rastros clandestinos dan cuenta de la corrupción que impera en el país, al impactar negativamente la economía, dada la defraudación que hacen a la Hacienda Pública, porque no pagan impuestos. Del mismo modo, afectan al mercado, al reducir costos y generar una competencia desleal. Atacar el problema se convierte entonces, en un asunto de alta prioridad.
