El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad, es decir “echó para atrás” diez leyes, entre ellas las reformas de julio de 2020 a la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
Algunos de los argumentos señalados por nuestro máximo tribunal fueron: transgresiones al derecho a la consulta, a la salud, a la dignidad, a la vida privada, a recibir atención médica, así como a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Lo anterior resulta gravísimo por dos factores. El primero, que el poder legislativo tiene una función principal, que es hacer leyes; y esto significa que no esta haciendo bien su trabajo.
El segundo, realizar estas leyes ineficientes nos costaron mucho dinero a todos los capitalinos, ya que los legisladores reciben un sueldo de nuestros impuestos, además de asesores, consultas, publicaciones, etc. Es decir, una gran cantidad de recursos se van a la basura porque ahora habrá que reponer el procedimiento, es decir, “volver a hacerlo bien”.
¿Acaso la austeridad no implica el uso eficiente de los recursos existentes?
Lo anterior, es sólo un reflejo de la imposición del partido mayoritario en el Congreso capitalino, cuyos legisladores no escuchan razones, a la oposición ni a sus representados, sólo obedecen al Jefe y la Jefa.
“Nada sobre nosotros sin nosotros” argüyen con justa razón los afectados; un lema que sin duda será utilizado por mas sectores sociales que seguirán siendo afectados por el partido oficialista.
