De cara al próximo inicio de los procesos electorales, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, llamó a los congresos de los estados de Zacatecas, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Quintana Roo, para que armonicen su legislación en materia de paridad sustantiva y violencia política contra las mujeres en razón de género.
La priísta,Mariana Rodríguez Mier y Terán,planteó que en México persiste la exclusión de las mujeres a la vida política, “y lamentablemente en cada proceso electoral se documentan hechos de violencia en razón de género, pero no todos los casos se denuncian, y la razón principal es que no se conoce lo que implica el término jurídico de violencia de género”.
Explicó que entre 2016 y 2019, se abrieron más de cien carpetas de denuncias por violencia política, de éstas el 34 por ciento se desecharon porque no encontraron “elementos suficientes” para comprobar el delito; el 11 por ciento siguen en trámite y sólo el 3 por ciento se judicializaron.
El restante se encuentra en revisión en las fiscalías locales o mantienen un estatus de averiguación, ambas suman el 52 por ciento.
Adicional a ello, de acuerdo a datos emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, al término del 2019 no existe un fallo a favor de la víctima (mujer).
El Instituto Nacional Electoral, a través del Observatorio de participación política de las Mujeres en México y en el marco de la legislación vigente, dio a conocer 38 indicadores de violencia política de género, que son un obstáculo al ejercicio pleno de los derechos humanos y políticos, recordó.
Entre las formas más comunes de violencia política destacan: las bromas hirientes, agresión verbal, restringir el uso de la palabra, humillar en público, difamación, calumnia, acoso y hostigamiento, amenazas, impedir la asunción del cargo, presionar para la renuncia del cargo, el secuestro, mutilación, violación y el feminicidio.
Dijo que su bancada “una democracia inclusiva debe permitir el pleno derecho de las mujeres como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral en cada una de las fases de las contiendas electorales”.
Resaltó que en este objetivo, el Congreso de la Unión ha materializado en leyes la igualdad de mujeres y hombres, “y si en determinado momento existe un trato diferencial entre géneros es para revertir la desigualdad existente y compensar los derechos del grupo de población en desventaja”.
Afirmó que su partero apoya y reconoce la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se ordena al Congreso de Nuevo León legislar en materia de paridad y de violencia en razón de género.
