La diputada del PRI, Claudia Pastor Badilla, aseguró que el derecho a las energías renovables debe darse mediante mandato constitucional.
Asimismo, pidió actuar de manera urgente y eficiente contra el cambio climático, un problema ambiental, pero también, de consecuencias sociales y económicas graves, sobre todo para los grupos en vulnerabilidad y desigualdad.
La legisladora, a través de una iniciativa de ley, sugirió reformar los artículos 2, 4 y 27 de la Constitución Política, para incluir el uso de energías limpias, con el objetivo de promover los derechos de las personas que se verán desproporcionalmente afectadas con el calentamiento global, como los pueblos indígenas, dándoles una consideración adicional a un ambiente sano y al desarrollo.
“El cambio climático es reconocido como la mayor amenaza de la humanidad, porque pone en peligro la vida, derechos y bienestar de las personas, y México asumió el compromiso de detener y reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero”.
Por ello, consideró que no puede basar su energía en combustibles fósiles, que es el mayor contribuyente de dichas emisiones, sino está obligado reemplazarla por energías no contaminantes”.
Reiteró que la Constitución Política establece el derecho de toda persona a un ambiente sano y la garantía de que el Estado lo respetará.
Agregó que ahora lo que se pretende es promover el uso de las energías renovables como parte de las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y el beneficio social, sobre todo de quienes históricamente han sufrido desigualdad y discriminación, como son los pueblos indígenas.
La legisladora del Estado de México enumeró alguno beneficios de utilizar energías no contaminantes: disminuir costos de producción y distribución de electricidad en zonas rurales o aisladas, reducir la mala calidad del aire y los impactos en la salud de la población, aminorar riesgos de accidentes, muertes y víctimas en los proyectos de extracción de hidrocarburos.
Además de aumentar el acceso a energía y garantizar la seguridad en su suministro, además, neutralizar la especulación de los mercados por el agotamiento del petróleo.
Indicó que según el Estudio sobre Medición de la Pobreza 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 69.5% de la población indígena se encuentra en situación de miseria, lo que equivale a alrededor de 8.4 millones de personas; de éstas, 3.4 millones está en pobreza extrema.
