La diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, respaldó a las integrantes de la Fundación Iris que denunciaron su exclusión del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, debido a su activismo.
En conferencia de prensa, acompañada de las afectadas, la legisladora señaló que esta manifestación de violencia institucional que ha ejercido el Estado pone en riesgo la vida de las y los integrantes de la Fundación.
“Son personas activistas que, en su momento, han tenido que tomar decisiones al respecto de cómo llevar a cabo este activismo cuidando su vida, porque el Estado las ha desprotegido totalmente”, enfatizó.
La diputada recalcó que el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas “las ha dejado a su suerte y les han retirado las medidas que tienen para el resguardo de su vida”.
En su oportunidad, la activista Alma Yáñez señaló que la violencia institucional es ejercida desde Palacio Nacional con los discursos de ataque hacia las mujeres, por lo que solicitó a las y los diputados “intervengan y tomen medidas necesarias contra el Ejecutivo Federal y se aplique la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
Pidió que se haga valer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “pues es obligación de los tres poderes garantizarla, por ende, es aplicable al dictador que habita el Palacio Nacional”.
Recordó que es una obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los derechos humanos de toda persona, por el bien de la sociedad manteniendo la armonía.
Por su parte, Érika Nicteha Flores Gutiérrez, lideresa de la Fundación Iris, acusó que “por el simple hecho de ser una mujer feminista defensora de derechos humanos, el mecanismo decide retirar las medidas de protección”.
“Su pretexto fue: porque no tuve interés de presenciar la Junta de Gobierno. Ese día yo tenía Covid-19, estaba con oxígeno, no pude presenciar la Junta de Gobierno, pero tampoco permitieron a mis compañeras abogadas feministas que lo hicieran.
“Hoy me dejan en estado de indefensión; he recibido ya atentados de muerte y al quitarme las medidas de protección a mí se las retiran a todos los compañeros porque ellos dependen de ella. No quiero ser otra estadística, basta ya de mensajes de odio en contra de las mujeres feministas”, concluyó.
