La reforma administrativa que propone el presidente para modificar 23 leyes consiste en abrir las puertas de par en par a la corrupción de la nueva élite del poder, afirmó el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien advirtió que “la situación es sumamente peligrosa porque López Obrador pretende aprobarla en el Congreso con el voto de Morena y sus aliados PT y PVEM”.
Dicha iniciativa, explicó, otorga poderes dictatoriales al propio presidente de la República y concede a los funcionarios públicos un poder discrecional y desmedido pues podrán decidir a quién quitarle concesiones, licencias y permisos.
Los gobiernos populistas, apuntó Cortés Mendoza, se caracterizan por alentar la corrupción de la cúpula gobernante como una medida de control y cohesión interna. La corrupción actúa como el concreto que los une a la hora de buscar mantener el poder como requisito indispensable para preservar su impunidad.
Con la reforma administrativa, indicó, el populismo destructor ataca de nuevo, pues ahora quiere acabar con la libre competencia, el derecho a la libertad del trabajo y el derecho a un ambiente sano.
“López Obrador ya multiplicó la pobreza, la delincuencia y la impunidad, pero no está contento. Ya desapareció las escuelas de tiempo completo, el Seguro Popular, las estancias infantiles, los comedores populares, los refugios para mujeres golpeadas, pero aún no está satisfecho. Él quiere decidir a quién le da y a quién le quita concesiones, contratos y permisos; él quiere decidir a quién indemniza y a quién no, además de fijar el monto, la fecha y el modo”, fustigó.
Cortés Mendoza dijo que llegó la hora de que todos nos movilicemos para protestar y frenar al gobierno. México está viviendo uno de los peores momentos de su historia. “No hay espacio para el silencio y la inmovilidad”.
En Acción Nacional anticipamos que, de aprobarse esta destructiva reforma administrativa, presentaremos ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad por violentar claramente nuestra Ley Suprema.
Esta reforma, destacó, abre las puertas a la corrupción pues confiere a la nueva élite del poder facultades discrecionales para que revoque permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ante hechos que, en la opinión discrecional del presidente, afecten el interés público, social o general. En otras palabras, concluyó, podrían hacer lo que quieran sin respetar el marco jurídico.
