Una investigación en curso ha revelado presuntos vínculos entre la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, y un cartel inmobiliario en Nayarit. Esta indagación surge a raíz de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nayarit, que acusa a Villalvazo Amaya de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias.
A finales de febrero, el fiscal general de Justicia de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, hizo público un esquema de presunta corrupción en el que estarían involucradas varias personas, incluida Mirtha Iliana. Este esquema, según declaraciones del funcionario, habría operado mediante la aprobación irregular de construcciones inmobiliarias en la zona.
El modus operandi supuestamente incluyó el otorgamiento de permisos para la construcción de fraccionamientos en Bahía de Banderas. Las sospechas de irregularidades surgieron a raíz de investigaciones periodísticas previas y pesquisas adicionales. Según las indagaciones, los responsables habrían permitido la construcción irregular de pisos adicionales en terrenos sin los dictámenes necesarios ni las condiciones legales requeridas.
El pasado 24 de marzo la Fiscalía de Nayarit emitió una orden de aprehensión contra Villalvazo Amaya, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito. Se trata de una investigación de 2016 radicada en la Fiscalía estatal que acumula diversas denuncias. La orden refuerza las sospechas de la presunta implicación de la alcaldesa en actividades ilícitas relacionadas con el otorgamiento irregular de permisos de construcción.
Asimismo, Cecilia Zareth Gutiérrez Quezada, quien había sido designada encargada del despacho de la Dirección de Planeación Urbana en Bahía de Banderas, fue recientemente arrestada por agentes ministeriales bajo acusaciones de ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos y delito de concusión. El delito de concusión se trata de una acusación grave que implica la extorsión o exigencia indebida de dinero o beneficios por parte de un servidor público.
Además de Gutiérrez Quezada, y Villalvazo Amaya, señalada como la líder del grupo de funcionarios municipales relacionados con el cartel inmobiliario, se vincula a Wendy Alejandra González Beltrán, secretaria de Desarrollo Urbano, y Eduardo Huerta Marcial, encargado del despacho de la perito.
Fuentes internas de Morena revelaron que, semanas antes de que se emitieran las órdenes de aprehensión, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, habría visitado la Ciudad de México para discutir el caso con Mario Delgado, y advertirle sobre la gravedad de los hechos, sin embargo, este habría ignorado la advertencia y continuaría con el impulso a la candidatura de Villalvazo.
