Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a José Luis Moyá Moyá, acusado de participar en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tras ejecutarse la orden de aprehensión, Moyá fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
El pasado 25 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a Moyá tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público. Durante la audiencia, la Fiscalía Estratégica de Asuntos Especiales formuló la imputación correspondiente, mientras el juez ratificó la medida cautelar.
Moyá, quien en el pasado se promovió como asesor en transparencia y combate a la corrupción, arrastra un historial de denuncias. En 2006, la activista Isabel Miranda Wallace lo acusó de extorsión y difamación, señalando que Moyá intentó chantajearla a cambio de no dañar su reputación pública.
Recientemente, un video difundido en redes sociales reveló movimientos financieros sospechosos asociados a Moyá y su familia. Entre los señalados figura su madre, quien habría realizado transacciones bancarias por sumas millonarias. Ante estas revelaciones, un juez ordenó congelar las cuentas bancarias de Moyá y otorgó un plazo de tres meses para complementar las investigaciones, el cual concluirá en enero de 2024.
Desde marzo de 2023, la FGJCDMX, entonces liderada por Ernestina Godoy, mantiene abiertas varias investigaciones contra Moyá, incluyendo señalamientos por extorsión.
El video que expuso estas acusaciones también relaciona a Moyá con Óscar Guerra Ford, excomisionado del INAI, quien renunció en medio de un escándalo por el presunto uso indebido de recursos públicos. Asimismo, se señala un vínculo con la familia Mena, propietaria de empresas como Continental Automotriz y CA Soluciones Financieras. Moyá habría recibido pagos en efectivo por servicios que consistían en desacreditar a competidores en licitaciones.
La familia Mena también está en el ojo público. En febrero, Héctor Mena Abascal fue encontrado muerto en una de sus propiedades en Toluca, un caso que aún investiga la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Además, las empresas de la familia dejaron de ser distribuidoras autorizadas de Mercedes Benz en julio, lo que podría estar vinculado a conflictos internos.
Las autoridades siguen investigando a Moyá Moyá para esclarecer los hechos y determinar sus posibles conexiones con instituciones y actores del ámbito empresarial.