José Luis Moyá Moyá, quien enfrenta cargos por su probable participación en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cumple 157 días en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur tras su detención el 18 de octubre de 2024.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que en marzo de 2023 anunció el inicio de una investigación exhaustiva en su contra, a cargo de la entonces fiscal Ernestina Godoy, ha llevado a cabo múltiples diligencias para esclarecer las diversas acusaciones que pesan sobre el presunto extorsionador. El caso se complicó aún más cuando se reveló un video, aún disponible en YouTube, (https://www.youtube.com/watch?v=UeOMlGqEH-I) en el que se documentan sospechosos movimientos financieros vinculados a la familia de Moyá Moyá.
En el material, se detallan depósitos millonarios que involucran a la madre de Moyá, Rosa María Moyá, de 87 años, quien, a pesar de no tener actividad empresarial conocida, supuestamente realizó grandes transferencias de dinero. Según el video, la señora Moyá podría haber gastado más de 11 millones de pesos en 2020. El origen de estos fondos permanece incierto, ya que su única ocupación registrada era el trabajo doméstico.
El video revela que, entre 2019 y 2021, Rosa María Moyá realizó siete transferencias por un total de 5 millones 248 mil 957 pesos a Luis Ceferino Macías Noguera, quien, según el material, sería su yerno. Esta serie de movimientos, sin una justificación clara, ha desatado más interrogantes sobre la procedencia de los recursos.
A lo largo de los últimos 15 años, José Luis Moyá Moyá se presentó como un experto en transparencia y lucha contra la corrupción, destacando por su récord de peticiones de información pública a diversas dependencias. Sin embargo, trascendió que Moyá habría utilizado la información obtenida de estos mecanismos para lucrar con ella, beneficiarse personalmente o incluso extorsionar a individuos y empresas.
En 2006, la activista Isabel Miranda Wallace, de la asociación Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación. Según la denuncia, Moyá habría solicitado dinero a cambio de no perjudicar su imagen pública. En una entrevista reciente, la activista aseguró que no fue la única persona afectada por las prácticas de Moyá.
Fuentes cercanas al caso han indicado que una de las estrategias utilizadas por el acusado era sumarse a las nóminas de diversas instituciones utilizando identidades falsas, algo que él mismo reconoció en varias entrevistas.
En 2014, cuando intentó obtener el cargo de comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Moyá fue cuestionado por los senadores sobre su empleo y sus ingresos. En su respuesta, admitió que había funcionarios que le pagaban por fuera, utilizando nombres ficticios, con el fin de evitar actos de corrupción.
Moyá también mencionó: “Hay empresarios que me contratan cuando se dan cuenta que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y yo hago la denuncia. ¿Por qué? Porque cuando un empresario participa en una licitación en el gobierno de la Ciudad de México se inconforma o presenta una denuncia en la Contraloría, automáticamente lo vetan.”
Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Fiscalía logró vincular a proceso a José Luis Moyá Moyá. En la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que asegura que Moyá continuará su proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Además, se ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias como parte de las medidas cautelares.
