Sin generar ahorros presupuestales y con mayores riesgos operativos, jurídicos y políticos, se perfila la posibilidad de adelantar la elección judicial para hacerla coincidir con la elección política de 2027, advirtió Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral en Aguascalientes.
En torno a la elección judicial prevista para 2027, llamó a abrir una discusión seria y técnica sobre la posibilidad de adelantarla durante el panel “La elección al Poder Judicial: avances y retos”, donde señaló que la concurrencia de ambos procesos podría comprometer la claridad del proceso, la equidad entre candidaturas y la capacidad institucional de las autoridades electorales.
Requiere logística propia, materiales diferenciados, mecanismos específicos de capacitación y una operación adicional la elección judicial, explicó, por lo que consideró equivocada la idea de que su adelanto permitiría reducir costos, ya que impediría cualquier ahorro real.
“Una elección judicial requiere condiciones específicas para garantizar que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y libre. Adelantarla sin la preparación adecuada no abarata el proceso, sólo lo vuelve más complejo y riesgoso”, afirmó.
De manera simultánea, la realización de ambos procesos implicaría mayores costos operativos, añadió, al requerir casillas diferenciadas, mayor documentación electoral, más capacitación y mayores capacidades de fiscalización y resolución de controversias.
“No hay ahorro cuando se duplican las complejidades operativas”, subrayó.
Por la concentración de propaganda y cargos en disputa, en el plano jurídico podría generarse confusión entre el electorado si coinciden los procesos, además de afectar la distribución de tiempos oficiales en radio y televisión para las candidaturas judiciales, advirtió.
Ya representa una carga significativa para el sistema electoral la elección de 2027, comentó, al contemplar la renovación de la Cámara de Diputaciones, 17 gubernaturas, congresos locales y más de mil ayuntamientos.
En tareas como fiscalización, capacitación electoral y resolución de impugnaciones se verían presionadas las autoridades si ambos procesos se organizan de manera paralela, lo que podría afectar la eficiencia institucional y la certeza del proceso, añadió.
Sostuvo que aplazar la elección judicial permitiría fortalecer su legitimidad democrática con mejor preparación de aspirantes, mayor información para la ciudadanía y un debate más amplio, desde una perspectiva política y en línea con la experiencia comparada que sugiere procesos escalonados, y finalmente reiteró que cualquier ajuste debe hacerse con responsabilidad institucional, viabilidad operativa y respeto a los principios democráticos.
