La líder de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que apoye en su reclamo de justicia a los jóvenes del Centro de Asistencia Social para Adolescentes de Temixco que fueron torturados por policías de Morelos.
Pidió específicamente a dicho órgano legislativo que a su vez exhorte a la Fiscalía General de la República (FGR) a coadyubar en las investigaciones que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos requirió a la Fiscalía General de Justicia de la misma entidad sobre las agresiones a los jóvenes.
La dirigente perredista narró que, de acuerdo con medios de comunicación, policías estatales de Morelos golpearon, desnudaron, ataron e hincaron a varios adolescentes del mencionado Centro de Asistencia Social el pasado 1 de septiembre, lo que el Sistema DIF de la entidad -del cual depende- negó.
Según este organismo del gobierno estatal, los policías actuaron y evitaron “un problema mayor” cuando autoridades de ese Centro activaron los protocolos de seguridad luego de que los jóvenes destrozaron bienes materiales por su desacuerdo con el reglamento de la institución y las llamadas de atención que se les hicieron.
Sin embargo, los medios de comunicación revelaron indicios de abusos policiacos contra los jóvenes, por lo que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos inició sus propias investigaciones y dio parte de los hechos a la Fiscalía General de Justicia Estatal.
Además, solicitó informes al respecto al Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo; a la Secretaría de Hacienda; al DIF; a su Subdirección del Centro de Asistencia Social para Adolescentes; a la Comisión Estatal de Seguridad Pública -de la cual depende la policía- y al dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Ulises Bravo Molina -medio hermano del gobernador-, pese a que éste carece de cargo alguno en la administración estatal.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos -apuntó Juárez Piña- le reprocha a ese individuo ser “un desvío de poder” al asistir a reuniones oficiales que no le competen.
“No podemos dejar de señalar que, en ocasiones anteriores, se han cometido actos de tráfico de influencias y corrupción relacionados con familiares del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que han menoscabado los derechos de las y los ciudadanos en la entidad”, agregó la legisladora federal.
Por ello consideró indispensable que la FGR acompañe las indagatorias que sean realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Morelos, con el único objeto de garantizar el derecho de acceso a la justicia de quienes sufrieron estos actos de tortura y tratos denigrantes, así como de sancionar a quienes los cometieron, para evitar la impunidad.
