Un tribunal del Estado de México dictó una sentencia de 70 años de cárcel contra María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, por su participación en el doble homicidio calificado del síndico municipal y del chofer de éste, hechos ocurridos en enero de 2023.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó que Martínez Robles ordenó y coordinó el ataque al entonces síndico, identificado con las iniciales G.J.R., y a su chofer M.A.L.C., enviándolos a una zona considerada de alto riesgo y dominada por grupos del crimen organizado, sin que regresaran con vida.
El 25 de enero de 2023, el síndico municipal fue citado a una reunión en el municipio de Zacazonapan, acompañado por su chofer, por instrucciones de la entonces alcaldesa.
Al día siguiente, los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados sin vida dentro de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, en la comunidad de La Alcantarilla, confirmando la privación ilegal de la vida.
Según la Fiscalía, la exalcaldesa mantuvo contacto y coordinó acciones con integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, identificado en medios como “La Familia Michoacana”. Asimismo, las indagatorias establecieron que sostuvo llamadas telefónicas y reuniones con miembros de esa organización para facilitar la comisión del homicidio.
Martínez Robles fue detenida en noviembre de 2024, como parte del Operativo Enjambre, una estrategia de la FGJEM para combatir la infiltración del crimen organizado en administraciones municipales y otros delitos graves.
Durante el proceso judicial, la autoridad presentó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el homicidio calificado de las dos víctimas.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Martínez Robles el pago de una reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima, un total de más de 414 mil pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Este fallo representa una de las sentencias más severas dictadas en el marco de casos que involucran a exfuncionarios públicos acusados de colaborar con grupos criminales.
