Por Rita Magaña Torres
En el segundo piso del Senado, lejos del bullicio del Salón de Plenos y de las discusiones que definen la agenda legislativa, opera discretamente un “salón de belleza” que contrasta con la solemnidad del recinto parlamentario.
De acuerdo con testimonios de personal legislativo, es utilizado principalmente por senadoras de Morena. El espacio no cuenta con anuncios visibles.
Desde el exterior, únicamente una placa blanca identifica la puerta, sin referencias a los servicios que se ofrecen en su interior, pero entre trabajadores del Senado su existencia es un “secreto a voces”.
Fuentes parlamentarias señalaron que la estética fue habilitada para uso de la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, aspirante a la gubernatura de Chihuahua, así como para integrantes de su círculo cercano.
Sin embargo, esta versión fue rechazada públicamente por la presidencia de la Mesa Directiva.
El lugar está acondicionado como una estética convencional: dos sillas negras frente a espejos, un sitio para lavado de cabello, un carrito con herramientas de estilizado y una caja rosa de aproximadamente un metro de altura con brochas y productos de maquillaje.
A un costado, dos sillas adicionales permiten la espera de quienes acuden al servicio. De manera cotidiana se ofrece peinado y maquillaje, principalmente los días de sesión, los martes y miércoles, de 7:00 a 14:00 horas.
La atención se brinda conforme van llegando las senadoras y los costos varían según el servicio, sin que exista una tarifa fija o pública.
Mientras en el Salón del Pleno se discuten reformas constitucionales y posicionamientos políticos, en este espacio se retocan peinados, se afinan maquillajes y se cuidan apariencias. Se trata de un salón que no figura en los directorios oficiales del Senado, pero que se ha integrado silenciosamente a la dinámica interna del Poder Legislativo.
El funcionamiento de esta estética ha generado cuestionamientos debido a que en 2018, con la llegada de la mayoría de Morena al Senado, el espacio fue clausurado bajo el argumento de que era un símbolo de ostentación y contrario a los principios de austeridad republicana impulsados por el movimiento.
El salón d de belleza había sido propuesto originalmente por la bancada del PRI cuando se inauguró la nueva sede del Senado.
Ante los señalamientos, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, defendió la existencia del espacio y negó que se trate de un privilegio financiado con recursos públicos.
“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también”, afirmó.
Castillo Juárez aseguró que los servicios no son gratuitos ni cubiertos por el Senado. “Quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace. No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura ni nada de estas cosas”, subrayó.
La legisladora morenisra también reconoció el trabajo de la persona encargada del servicio. “Es un trabajo digno que realiza Jasmine, la peinadora y maquillista, y todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”, dijo.
Explicó que muchas senadoras viajan desde distintos estados del país y enfrentan jornadas legislativas que inician temprano, a menudo después de vuelos matutinos.
Cuestionada sobre si el espacio fue gestionado específicamente por la senadora Andrea Chávez, la presidenta del Senado lo negó: “No, fue por todas las senadoras. Lo que pasa es que en 2018, cuando llegó Morena, se clausuró por cuestiones de austeridad”, recordó.
Insistió en que dicho principio “sigue vigente” porque el servicio es pagado de manera individual por quienes lo utilizan.
Sobre el origen del mobiliario, la figura legal del espacio o si se trata de una concesión formal, Castillo Juárez reconoció no contar con información precisa, “no tengo esa información, pero finalmente es algo que siempre ha funcionado”.
La reapertura y operación del salón de belleza en el Senado reaviva el debate sobre los límites entre la austeridad republicana y las facilidades internas para legisladores, en un contexto donde el discurso oficial insiste en la eliminación de privilegios dentro del servicio público.
