En México, el crecimiento en el número de cibernautas no ha sido acompañado por mayores medidas de seguridad por parte de las plataformas; por el contrario, los riesgos en la red escalan a un ritmo preocupante. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI, en solo cuatro años (2020–2024) los casos de violencia digital aumentaron 17.3%, al pasar de 16.1 millones a casi 19 millones de personas mayores de 12 años afectadas.
Las cifras evidencian una brecha de género: la violencia digital impacta principalmente a las mujeres. Hoy, 10.6 millones han sido blanco de agresiones que van desde insinuaciones y propuestas sexuales hasta la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y críticas por su apariencia. En términos claros: una de cada cinco usuarias de internet en el país ha sido víctima de este tipo de violencia.
El panorama es aún más alarmante entre adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años, donde más de 3.2 millones han enfrentado agresiones. Al ser el grupo más vulnerable, quedan expuestos a prácticas peligrosas como el ciberbullying y el grooming, entendido como la manipulación de adultos con fines de explotación o abuso sexual.
Actualmente, más de 100 millones de internautas en México conviven con el riesgo de enfrentar violencia a través de sus dispositivos. Los canales de mayor incidencia son WhatsApp y Facebook, seguidos por llamadas directas a celulares. Los espacios diseñados para conectar hoy también funcionan como puertas de entrada para el acecho.
La violencia digital atenta contra la integridad, la seguridad y la salud mental, dejando secuelas psicológicas profundas. De ahí la necesidad de acciones firmes y sostenidas para prevenir y erradicar esta forma de agresión.
Ante este contexto, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a trazar una ruta de acción junto a empresas tecnológicas como Meta, Google y TikTok, con el objetivo de construir una estrategia integral contra la violencia digital. Se trata de un avance relevante que deberá sostenerse con resultados medibles.
El acuerdo busca reforzar protocolos y mejorar la coordinación entre plataformas y autoridades para la atención de denuncias y la protección de víctimas. Incluye campañas de sensibilización, mejoras en los procesos de revisión de contenido y canales de comunicación directa con instituciones.
La estrategia se articula en dos ejes: prevención y atención. Por un lado, contempla el fortalecimiento de normas de convivencia digital, campañas formativas, herramientas para inhibir conductas violentas y programas dirigidos a creadores de contenido. Por otro, plantea mejorar los mecanismos de denuncia, vincularlos con servicios de emergencia, fortalecer la cooperación con autoridades y acelerar el retiro de contenido violento o íntimo no consensuado.
Así, tanto el Estado como las plataformas asumen su parte de responsabilidad. Sin embargo, cualquier esfuerzo institucional será insuficiente sin una ciudadanía digital activa.
Corresponde también a los usuarios navegar con conciencia crítica, identificar discursos de odio y sesgos de género, y denunciar para combatir la impunidad de quienes utilizan las redes para agredir.
La prevención no depende solo de algoritmos, sino de una educación digital capaz de desarticular la cultura del odio. En ese desafío, la responsabilidad es compartida.
