En un escenario de tensiones con autoridades, el conflicto entre el gobierno de Nuevo León y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) se situó en el centro de señalamientos del sector privado por presuntas irregularidades, con reportes adicionales de afectaciones a diversas actividades económicas.
Desde la aplicación de inspecciones, auditorías y clausuras en 2025, la disputa con la compañía extractiva ubicada en Cerralvo se originó a partir del impuesto ambiental vigente desde 2022, el cual grava emisiones contaminantes, descargas y la extracción de materiales pétreos.
Con base en documentos de la Tesorería estatal, la empresa sostiene que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y que ha obtenido suspensiones judiciales federales que han detenido cierres de sus operaciones; en contraste, autoridades estatales han señalado adeudos millonarios por contribuciones ambientales.
A partir de la difusión de audios en los que se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la continuidad de actividades, el caso amplió su alcance y derivó en denuncias por presunta extorsión; el Congreso local solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el asunto, mientras la empresa indicó afectaciones a cerca de 500 familias vinculadas a su operación.
En este entorno, organismos empresariales comenzaron a exponer reclamos sobre prácticas que consideran irregulares en la gestión de trámites y supervisiones, mientras la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey advirtió que establecimientos han enfrentado retención de permisos, multas y cierres administrativos.
Durante el acto de toma de protesta de su Consejo Directivo 2026-2027, su presidente, Jaime Herrera Casso, señaló que existe una “creciente queja” en el sector y afirmó que hay funcionarios que “se valen del coto de poder que les da la capacidad de retener algún permiso, trámite o pago, o bien la imposición de alguna multa, incluso llegar al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”.
En reportes presentados ante autoridades estatales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León señaló la existencia de solicitudes de aportaciones indebidas, así como obstáculos en procesos administrativos y cobros considerados ilegítimos por parte de quienes se identifican como servidores públicos.
Durante estos planteamientos, realizados en presencia del gobernador Samuel García, el mandatario destacó avances en materia de seguridad e inversión, sin emitir una respuesta directa a los señalamientos formulados por representantes del sector privado.
En el ámbito del transporte, en enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) reportó cobros indebidos por parte de agentes de tránsito y operadores de grúas en municipios del área metropolitana, incluyendo la exigencia de 20 mil pesos para liberar un tráiler retenido y pérdidas superiores al millón de pesos tras su traslado a un corralón.
