Por Maribel Islas
El líder de los diputados de Morena , Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa de reformas para que las entidades financieras no obstaculicen el derecho de portabilidad.
De acuerdo a la iniciativa, no podrán establecer, directa o indirectamente, condiciones, procedimientos, requisitos o prácticas que tengan por objeto o efecto obstaculizar, dilatar, encarecer o inhibir el ejercicio del derecho de portabilidad de las personas usuarias.
La propuesta plantea reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El legislador explica que el objetivo es claro: fortalecer la autonomía económica de las personas, proteger los datos financieros conductuales y garantizar un verdadero derecho a la portabilidad financiera digital.
Busca que las personas puedan transferir su información financiera a otra institución en formatos interoperables y reutilizables, permitiendo mantener pagos, servicios y configuraciones sin obstáculos técnicos artificiales.
Refiere que millones de usuarios aceptan términos y condiciones extensos y complejos sin comprender plenamente el alcance de la autorización que están otorgando.
“El consentimiento deja de ser completamente libre cuando el ciudadano no entiende cómo operan los mecanismos de perfilamiento digital que influyen en sus decisiones económicas”, señala.
Considera que la portabilidad financiera no debe entenderse únicamente como un derecho tecnológico, sino como una condición indispensable para garantizar un sistema financiero más competitivo, transparente y democrático.
Detalló que la legislación actual protege los datos personales de manera general, pero no reconoce expresamente la categoría de datos financieros conductuales ni establece límites claros al perfilamiento algorítmico destinado a influir en las decisiones económicas de las personas.
Tampoco existe un verdadero derecho de portabilidad financiera integral. “En la práctica, muchos usuarios permanecen en una institución no porque sea la mejor opción, sino porque cambiarse sigue siendo complejo y costoso”.
Por ello, añade, esta iniciativa incorpora en la legislación mexicana la definición de “datos financieros conductuales”, reconociendo que la información derivada de hábitos de consumo, patrones financieros e interacción digital requiere una protección diferenciada.
El parlamentario explica su iniciativa pretende que las entidades financieras que operen productos o servicios a través de medios digitales garanticen a las personas usuarias el acceso permanente, completo y gratuito a su información financiera en formatos estructurados, interoperables y descargables.
Asimismo, que permitan la transferencia de dicha información a otras instituciones, a solicitud expresa del usuario; diseñar procesos de cancelación y portabilidad que sean equivalentes en simplicidad, número de pasos y tiempo a los de contratación, así como proporcionar mecanismos de consentimiento expreso, granular y revocable para la transferencia de datos.
