Por Maribel Islas
El vicecoordinador económico de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez aseguró que el robo de hidrocarburos en México, conocido como “huachicol”, ha transitado de ser una actividad delictiva rudimentaria a consolidarse como una estructura de gobernanza criminal.
Advirtió que está actividad ilícita desafía directamente la soberanía económica del Estado Mexicano.
“A pesar de que la narrativa oficial ha intentado posicionar la lucha contra este delito como un pilar de la actual administración, la realidad operativa revela una omisión alarmante”, acusó.
Agregó que el fenómeno delictivo ha evolucionado desde la perforación artesanal de ductos hacia un ecosistema complejo de delincuencia de cuello blanco, logística a gran escala y defraudación fiscal sistémica que involucra a todas las esferas del gobierno federal.
Recordó que, a lo largo de los últimos años, el despliegue de miles de efectivos de las fuerzas armadas y la implementación de protocolos de respuesta inmediata se han presentado como evidencia de control.
Sin embargo, comentó que la persistencia y sofisticación del robo de combustibles sugieren que las herramientas de contención han sido rebasadas por una infraestructura delictiva que opera con una trazabilidad técnica superior a la capacidad de respuesta institucional.
A través de un Punto de Acuerdo, sustenta que análisis del desempeño reciente de Pemex, desarticula el triunfalismo oficial y obliga a una revisión crítica de la estrategia de la seguridad energética de México.
Esto no se resuelve con mañaneras o se garantiza con comunicados de prensa, sino con la eficacia real de sus controles operativos y un compromiso institucional en todos los niveles, aseveró.
“La propia empresa Pemex reconoció que en 2025 el robo promedio de combustibles ascendió a 19.6 mil barriles diarios, 15.3 por ciento más que los 17 mil barriles diarios de 2024, y que las pérdidas por robo de combustibles llegaron a 23 mil 491.4 millones de pesos, contra 20 mil 29.1 millones de pesos del año previo”.
Traducido a escala anual, ello equivale a 7 millones 154 mil barriles robados, y a un quebranto aproximado de 64.4 millones de pesos por día, agregó.
Téllez Hernández, apuntó que de acuerdo al informe que emitió Pemex, se desmiente cualquier intento de reducir el problema a las tomas clandestinas, toda vez que la empresa admite que el mercado ilícito de hidrocarburos también opera mediante esquemas de subvaluación, etiquetado engañoso y omisión en la cuantificación de importaciones para fines de evasión fiscal.
“Dicho de otro modo, el huachicol no es sólo una perforación en un ducto, también es una economía criminal de transporte, almacenamiento, adulteración, simulación documental y comercialización irregular en la que hay organizaciones que están saqueando a la empresa pública y a México”, sostuvo.
Esta arquitectura criminal, concluyó, no solo despoja al país de recursos estratégicos, sino que corrompe las cadenas de suministro y distorsiona el mercado energético nacional bajo la sombra de la impunidad.
En el Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente exhorta al Poder Ejecutivo Federal para citar a comparecer ante esta Soberanía a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Energía; a la Fiscalía General de la República y al Director General de Petróleos Mexicanos, para que informe sobre el incremento del robo de combustibles en 2025 (Huachicol tradicional).
Asimismo, informen de las pérdidas económicas reportadas por la empresa; la eficacia real de la estrategia oficial; el número de denuncias presentadas; las investigaciones internas relacionadas con la probable participación de personal o personas servidoras públicas; y las medidas inmediatas para contener el mercado ilícito de combustibles.
También solicita que, en un plazo no mayor a quince días naturales, remitan un informe conjunto que contenga: mapa de ductos y tramos de mayor incidencia; instalaciones prioritarias a proteger; número de alertas de fuga y tiempos de respuesta; volumen recuperado, asegurado y perdido; denuncias presentadas; expedientes judicializados; personal removido o sancionado; y metas trimestrales verificables para reducir el robo de combustible.
