Autoridades del estado de Coahuila mantienen abierta una investigación derivada de una denuncia formal que apunta a una posible modalidad de extorsión vinculada al uso de plataformas digitales y redes sociales. El caso se analiza como parte de un expediente que busca determinar si existieron conductas ilícitas relacionadas con presiones económicas y el uso de información privada.
La indagatoria se centra en una mujer originaria de Nuevo León identificada en la denuncia como Melanie Pavola, quien habría pasado de generar contenido en plataformas de suscripción para adultos a ser señalada por presuntas prácticas ilícitas relacionadas con la interacción digital con usuarios.
De acuerdo con información preliminar recopilada por instancias de seguridad, parte de los hechos investigados estarían relacionados con eventos ocurridos en Gómez Palacio, Durango, donde presuntamente se habrían desarrollado algunas de las interacciones descritas en la denuncia.
Las presuntas víctimas mencionadas en el expediente son personas identificadas como Jaime Ávila y Samuel López, quienes habrían señalado haber sido objeto de presiones y exigencias económicas. No obstante, las autoridades subrayan que estas acusaciones forman parte de una investigación en curso y aún no han sido acreditadas por una autoridad judicial.
Las líneas de investigación señalan que la persona señalada habría iniciado su actividad económica mediante plataformas como OnlyFans, donde ofrecía contenido exclusivo dirigido a un público específico. Este esquema habría permitido establecer contacto con individuos de alto perfil económico, entre ellos empresarios y profesionistas.
De forma paralela, la investigada habría consolidado una presencia significativa en Instagram, red social en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, lo que amplió su alcance y capacidad de interacción con potenciales contactos.
Según el contenido de la denuncia, el presunto mecanismo consistía en trasladar la interacción digital a un plano personal. A partir de ese acercamiento se habrían generado vínculos de carácter afectivo o íntimo, acompañados en algunos casos por el intercambio de información o material sensible.
Posteriormente, y conforme a los testimonios recabados, cuando las personas buscaban poner fin a la relación se habrían presentado exigencias económicas a cambio de no divulgar dicho material, bajo la amenaza de afectar la vida personal, familiar o profesional de las presuntas víctimas.
La denuncia también menciona que en ciertos casos se habrían utilizado amenazas relacionadas con la posible presentación de denuncias por delitos graves, como violación o maltrato, si no se cumplían las exigencias económicas, afirmaciones que continúan bajo investigación y no han sido confirmadas oficialmente.
Asimismo, las autoridades investigan la posible participación de un intermediario vinculado a la comunicación o gestión de medios, cuya función habría sido difundir señalamientos públicos que pudieran afectar la reputación de las presuntas víctimas y aumentar la presión para obtener recursos. Hasta el momento no se ha determinado el número total de personas afectadas ni el monto involucrado, mientras la investigación sigue en curso y no se descarta la presentación de nuevas denuncias.
