Porque Sinaloa no puede quedar atrapado entre la gravedad de una acusación internacional y la parálisis de sus instituciones y porque México necesita instituciones fuertes, gobiernos íntegros y autoridades capaces de responder con claridad cuando la confianza pública se encuentra en riesgo, la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa solicitó al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo para que la Fiscalía General de la República prosiga su investigación sin interferencias.
“También corresponde a los poderes públicos de Sinaloa actuar con responsabilidad constitucional. Una eventual separación del cargo debe procesarse con orden, legalidad y pleno respeto a los mecanismos previstos por el marco jurídico aplicable, evitando cualquier vacío de autoridad y garantizando la continuidad institucional del gobierno estatal”, planteó la morenista.
En una carta a la opinión pública, la secretaria de la Comisión de Estudios legislativos recordó que en el Movimiento de la Cuarta Transformación no hay margen para evadir los principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Aseveró que la autoridad responsable de coordinar la seguridad pública, la administración estatal y garantizar la colaboración con autoridades federales no puede mantenerse bajo una sombra de duda de esta magnitud, sin afectar la confianza de la ciudadanía, de las víctimas, de las instituciones de justicia y de los propios cuerpos de seguridad, por ello es necesario que el gobernador Rocha y su equipo de trabajo involucrado renuncien al cargo.
“Por ello, de manera firme, institucional y responsable, solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”.
La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos afirmó que esta solicitud no constituye una condena anticipada ni desconoce sus derechos fundamentales, sino de responsabilidad. “Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional”.
La morenista subrayó que cuando los señalamientos que pesan sobre una persona servidora pública alcanzan una gravedad tal que comprometen la confianza ciudadana, la gobernabilidad democrática y la credibilidad de las instituciones, por la respuesta no puede ser evasiva, ambigua ni subordinada al cálculo político.
En su opinión, los señalamientos formulados por autoridades judiciales de un gobierno extranjero, por su naturaleza, alcance y gravedad institucional, no pueden ser ignorados ni tratados como un asunto menor y esta posición de ninguna manera se aparta del pleno respeto a la soberanía nacional y a las instituciones mexicanas y a cauces constitucionales.
No obstante, es obligación de los integrantes del Movimiento mantener un gobierno a la altura del pueblo de México, capaz de responder con integridad, transparencia y autoridad moral ante cualquier cuestionamiento que comprometa la confianza pública.
“Debe decirse con toda precisión: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Ninguna autoridad política debe sustituir a los tribunales ni anticipar responsabilidades penales que corresponden exclusivamente a las instancias competentes. Sin embargo, la función pública exige un estándar superior de responsabilidad ética, política e institucional. La permanencia en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública, la gobernabilidad y la obligación de preservar la integridad de las instituciones”.
Dijo que las imputaciones contenidas en la acusación referida no son menores. Involucran presuntos vínculos el Cártel de Sinaloa; supuestos acuerdos de protección política e institucional con intervención criminal en procesos electorales; presunta colocación de funcionarios afines en áreas estratégicas de seguridad y procuración de justicia; posibles actos de protección a operaciones de tráfico de drogas; filtración de información sensible sobre operativos; y tolerancia o facilitación de esquemas de violencia, intimidación y corrupción.
La sola existencia de señalamientos de esta naturaleza contra un gobernador coloca a Sinaloa en una situación institucional extraordinariamente delicada.
La senadora Chavira insistió a la FGR, las autoridades de seguridad, los órganos de control y las instancias legislativas correspondientes deben garantizar que cualquier investigación, cooperación internacional o procedimiento institucional se conduzca sin simulaciones, sin encubrimientos y sin uso político de la justicia.
