Una ruta de trabajo interinstitucional para atender los planteamientos de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales y especialistas de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo, en Sinaloa, fue acordada por el Gobierno de México después de una mesa de diálogo con autoridades federales, estatales y municipales.
Representantes de las comunidades aprovecharon el encuentro realizado en Los Mochis para exponer inquietudes sobre los procesos de consulta y participación, la actividad pesquera, la protección de los ecosistemas costeros, el acceso al agua y saneamiento, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la protección de sitios de importancia ambiental y diversos asuntos vinculados con el desarrollo regional.
A la reunión asistieron autoridades del Gobierno de Sinaloa junto con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación.
Dar continuidad al análisis de la información, los estudios, las observaciones y las propuestas presentadas por comunidades y especialistas fue uno de los compromisos asumidos por las dependencias, que acordaron mantener las mesas de trabajo.
Asimismo, el estado de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, serán verificados mediante una inspección actualizada que realizará la Profepa.
Garantizar el respeto al derecho de manifestación de las comunidades y buscar un acercamiento con la empresa responsable del proyecto constituyen otro de los acuerdos alcanzados por el Gobierno de México durante el encuentro.
Las dependencias federales señalaron que las solicitudes planteadas durante la reunión deberán analizarse conforme al marco jurídico vigente y sustentarse en elementos técnicos y legales antes de cualquier determinación.
“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.
Por su parte, el subdirector general de Administración del Agua de Conagua señaló que “la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una respuesta integral. Hoy nos vamos con tareas concretas y con el compromiso de seguir trabajando junto con las comunidades para atender sus preocupaciones”.
En tanto, el director del INPI, Adelfo Regino Montes, sostuvo que “solo el camino del diálogo es el bueno. Venimos a escuchar, a construir soluciones y a atender las preocupaciones legítimas de las comunidades”, mientras que la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, indicó que se trabajará con la comunidad para generar un desarrollo económico que atienda las vocaciones y condiciones de la región.
Coincidieron las instituciones participantes en que la coordinación entre autoridades, la participación social y el diálogo permanente son indispensables para atender el bienestar de las comunidades, la protección ambiental, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo regional. Por ello, el Gobierno de México reafirmó su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y trabajo con las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira.
