La sombra de la violencia cubre todo el país. En los municipios, el acoso del crimen organizado tiene a las autoridades –sin importar partido político- en constate zozobra.
No solo porque le quita la tranquilidad a sus gobernados, sino porque históricamente, quienes encabezan los gobiernos subnacionales son susceptibles de ser blanco de atentados. Ya sea porque tocan intereses de grupos violentos contrarios a sus ideas de gobierno, o porque representan un escollo para el crimen organizado. El peor de los casos es cuando suman ambos.
Cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) arrojan 28 asesinatos de autoridades municipales en lo que va del presente sexenio. De ellos, seis eran alcaldes y alcaldesas en funciones, nueve ya habían dejado de serlo, además de cuatro síndicos, un exsíndico, cuatro regidores e igual número de exregidores.
Los últimos en sumarse a esta lista fatal fueron Carmela Parral Santos, alcaldesa del municipio costero de San José Estancia Grande en Oaxaca, quien en agosto pasado fue asesinada junto con Hugo Castellanos Ortega, oficial de Protección Civil.
El otro infortunado fue Francisco Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco en el Estado de México, quien también fue cobardemente atacado con un arma de fuego, y falleció luego de tres días de estar hospitalizado. Hay otros casos como el de la alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, quien afortunadamente sobrevivió a un ataque en julio pasado, cuando un grupo de asesinos vació sus armas contra el auto en el que viajaba y milagrosamente salvó su vida.
Hoy, Martínez ha superado el episodio y vive resguardada en las instalaciones de la Secretaría de Marina, y es acompañada por elementos de esta institución a donde quiera que transite.
Hay otros como el presidente municipal de Las Margaritas en el estado de Chiapas, que son perseguidos por los habitantes de sus localidades por no cumplir con sus promesas de trabajo. Pero son los menos. Al igual que en épocas pasadas, hoy en día es indispensable que la seguridad de los ediles sea garantizada. No pueden seguir siendo blanco de grupos criminales, ni de intereses de grupos violentos que buscan apropiarse de lo obtenido en un proceso electoral legal.
