La transformación pretendida por Andrés Manuel López Obrador luego de dos años de gestión, se resume por el número de muertos habidos por inseguridad y por salud, dos asuntos en el que las promesas de cambios radicales simplemente no fructificaron.
Cómo la condena al pasado empieza a tener rendimientos decrecientes, la 4T encontró en la pandemia un segundo aliado que, como anillo al dedo, le está y estará permitiendo justificar el fracaso.
De acuerdo con cifras oficiales, que casi siempre están por debajo de la realidad, los homicidios dolosos en lo que va de esa administración asciende a más de 67 mil personas y todo hace prever que se volverá a superar el número tenido en 2019 que, a su vez, había sido mayor al año anterior.
Esta cifra por si sola impide que se le puede llamar gobierno, pues quien está al frente del ejecutivo en materia de seguridad y violencia, primero, quiso otorgar amnistía a los criminales, después pasó por la dizque estrategia de abrazos no balazos y ahora promueve el perdón de víctimas o deudos a los malhechores, lo que garantiza se mantenga al 95 por ciento de impunidad en los delitos.
De poco o nada ha servido que las fuerzas armadas se encarguen de la seguridad nacional, de la interior y de la pública si, en la práctica, el presidente López Obrador ya amnistió a uno de los principales grupos de narcotraficantes. La liberación y no haber podido cumplir la orden de extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, el tratado deferente a la mamá de Joaquín Guzmán, “El Chapo”, y la negativa y solicitar el perdón por usar ese sobrenombre, certifican que no ha sido necesario decretar tal amnistía, para beneficiar a este grupo delincuencial.
El otro segmento de fallecidos, más de 105 mil oficialmente aceptados, corresponde a los del Covid-19; muertes a las que deben incorporarse los decesos por cáncer -especialmente infantes-, por VIH y otras enfermedades debido a la falta de medicamentos, hablan por sí mismos del desdén presidencial por la la salud de los mexicanos.
Alrededor del billón de pesos en ahorros que, según las cuentas presidenciales, se han obtenido por combate a la corrupción y austeridad gubernamental, cuyo destino se desconoce a ciencia cierta, en poco o nada ayudaron a aliviar los males causados por el coronavirus y otros padecimientos.
Además, en algunas áreas del sector salud los subejercicios presupuestales son cotidianos; las compras consolidadas de equipo, insumos y medicinas han resultado tan mal planeadas que su abastecimiento oportuno en vez de ser una realidad, se ha vuelto una utopía tan lejana como la aspiración de tener un sistema de salud semejante al de Canadá o Dinamarca.
Así, las dos principales obligaciones de un gobierno: garantizar la seguridad -en bienes y persona- y el derecho a la salud de sus gobernados, han sido incumplidas por la administración lopezobradoriana. Con base en las medidas adoptadas hasta el momento y a las que no se les quiere introducir ningún ajuste, los muertos oficialmente reconocidos por estos dos conceptos, se aproximarían a los 200 mil al concluir 2020.
El 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador al celebrar sus dos años al frente del ejecutivo presumirá que prácticamente ya cumplió con el centenar de acciones que se propuso al iniciar su gestión. Mientras no garantice seguridad y derecho a la salud, los otros 98 compromisos carecen de un impacto real en el día a día de los mexicanos.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al gobierno de Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, ya que detectó un aumento de su patrimonio en más de 27 millones de pesos de manera ilegal.
