La bancada del PRI en la Cámara de Diputados,exhortó al Gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Bienestar, transparente la situación en la que se encuentra el Programa Sembrando Vida.
En un Punto de Acuerdo ,los legisladores priistas destacaron que para evitar opacidad en el manejo de los recursos que ofrecen los programas, como el de Sembrando Vida, es necesario que el Gobierno federal haga públicos todos los informes que se tengan sobre el funcionamiento del programa, y de este modo prevenir incurrir en actos de corrupción.
Asimismo, recordaron que a pesar que Sembrando Vida es un programa estandarte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su primer año de operación, se entregó apenas el 13.9 por ciento de los insumos previstos a los participantes, toda vez que la Secretaría de Bienestar sólo pudo conseguir con distintos proveedores, 80 de los 575 millones de árboles que tenía planeado.
Precisaron que a finales del mes de mayo del presente año, la Secretaría de Bienestar se declaró imposibilitada a informar cuántos árboles por localidad y municipio se han sembrado en 18 estados de la República.
Luego que a través de solicitudes de información realizadas en la plataforma de transparencia, solamente señaló que se han sembrado 373 millones de plantas, pero declaró que no sabe las especies que se colocaron en cada territorio, la cantidad en cada uno de ellos, ni las fechas específicas de la siembra.
“La dependencia no pudo decir el nombre de los proveedores que han abastecido con plantas al programa entre 2019 y 2021, tampoco pudo decir el costo de cada uno de los árboles”, resaltó.
Agregó que esta falta de información es contraria a lo que se estableció en los Lineamientos de Operación de Sembrando Vida, que dice claramente que cada tres meses se deben presentar informes con indicadores que permitan medir y valorar el progreso del programa.
Los legisladores priístas exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a todos los recursos asignados al programa desde el inicio de su operación.
Además, a la Secretaría de la Función Pública para investigar todas las irregularidades que se han dado a conocer por diversos medios de comunicación y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
