Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder en gobiernos anteriores han llegado a su fin.
Como delegado político de Morena en el estado de Hidalgo, hago un respetuoso llamado a mis compañeras y compañeros diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidor@s para que se actúe con austeridad en la aprobación de los presupuestos tanto del estado como de los municipios tal como quedó estipulado en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Hidalgo presentada por Morena, y aprobada con 27 votos a favor y de manera unánime en la LXIV legislatura del Congreso de Hidalgo.
Esto con el fin de evitar lujos o gastos innecesarios u onerosos a raíz del presupuesto. Lo óptimo es establecer mecanismos de austeridad, racionalidad, optimización y ahorro en el ejercicio del gasto, además de informar de la aplicación del mismo y transparentarlo, es decir que se haga del dominio público todos estos movimientos empleados.
La austeridad republicana busca un uso responsable de los recursos, eliminar la corrupción mediante proyecciones de gastos, y destinar el ahorro a áreas prioritarias de Hidalgo además de alinear la ley local con la federal que busca evitar dispendios por 50 mil millones de pesos.
La austeridad del Gobierno de la Cuarta Transformación se inspira en el criterio del presidente Benito Juárez , quien sostenía: “ Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidades; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes , no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado”.
La misma Constitución Política del Estado de Hidalgo indica que las remuneraciones para los servidores públicos no podrán ser mayores a las establecidas en el presupuesto, ni mayores a las que gana el Presidente de la República.
Queda prohibida la contratación de seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas pagados con recurso público, salvo los casos de aquellos en funciones de alto riesgo en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Se niegan de igual forma las pensiones de retiro a funcionarios, la prohibición de contratación de escoltas o choferes con cargo al erario, salvo los casos de servidores de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Para el gasto de publicidad oficial, el gobierno en turno solo podrá destinar no más de 03 por ciento del presupuesto asignado, establecido en el artículo 12 de la referida ley.
Se menciona la reducción necesaria en la compra de papelería, comida, combustibles y telefonía, se niega la compra de vehículos de lujo o cualquier otro gasto que se considere oneroso o innecesario. Se restringirá la compra de vestuario y uniformes salvo para la seguridad, salud, forenses y protección civil a quienes requieran medidas de higiene.
Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder en gobiernos anteriores han llegado a su fin. El distintivo de la actual administración es, recordemos, precisamente la austeridad.
