En fechas recientes, México ha vivido momentos violentos que hablan de distintos grados de descomposición social, a los cuales el gobierno no le ha encontrado la cuadratura el círculo, por más intentos de maquillarlos con excusas o frases rimbombantes.
Ya no se trata únicamente de las guerras entre agrupaciones del crimen organizado o de simples delincuentes; la violencia tiene carta de naturalización en la vida de los mexicanos.
Una de las principales de la agresividad que se evidencia en el comportamiento de la gran mayoría, proviene de la guerrilla verbal cotidiana que fluye incontinente del Palacio del Bienestar, cuyo huésped temporal señala de traidores a todos aquellos que piensan diferente.
Esta concepción traidora, se ha convertido en credencial para ofender, denigrar, transgredir valores, respeto, leyes, en aras de un insultante supremacismo cuatroteísta que, en los hechos, ha demostrado todo lo contrario: una absoluta falta de ética.
El fusilamiento de más de una decena de personas en San José de Gracia, Michoacán; el séptimo periodista asesinado este año y los hechos de violencia desmedida en el estadio Corregidora de Querétaro, revelan lo hueco de los dichos oficiales de combatir la violencia con estrategia e inteligencia; ni la una, ni la otra.
La tarea principal de las autoridades de los tres niveles de gobiernos, hasta ahora, es tratan de minimizar el número de heridos y fallecidos, que de no hablar de masacres como si con ello dejaran de existir.
Pero uno de los pendientes más se soslaya es lo relacionado con las constantes agresiones de que son objeto las mujeres. La violencia por razones de género que afecta a poco más de la mitad de la población total del país, es la mancha morada que resalta en la ya de por sí percudida investidura presidencial.
Las desmañanadas del gabinete de seguridad federal y sus réplicas en los 32 estados y algunas a nivel municipal, de poco han servido. Los índices delictivos, en especial el homicidio doloso, se mantiene en niveles tan elevados que hacen prever que éste será el sexenio con mayor número de asesinatos.
Las propias cifras oficiales mencionan más de 90 por ciento en impunidad de los delitos cometidos; eso sin contar los miles que no se denuncian, desmienten la afirmación de que el trabajo coordinado de las fuerzas del orden con las autoridades de justicia, permite ir hacia la cero impunidad, como afirma la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
De hecho, se mantienen los niveles existentes desde hace varios quinquenios atrás, lo que le quita razón y sentido a la visión oficialista de que su supuesta estrategia de ir a las causas de la violencia no es una vuelta a la lógica del castigo, sino ponerle un alto a la impunidad.
La reducción tangencial en los homicidios dolosos, en forma alguna nos acercan a la demanda social de alcanzar la tranquilidad y paz en todo el país. Y aunque la máxima: abrazos no balazos -según el gobierno- no debe interpretarse como que esté cruzado de brazos, por los hechos registrados en los últimos días, parecería que las autoridades son simples espectadores.
A punto de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el oficialismo se da golpes de pecho y anuncia, como cada año, nuevas medidas y ordenamientos que supuestamente contribuirán a reducir la violencia feminicidad.
La insistencia del presidente sin nombre y sin estatua de que se pacificará al país, es el reconocimiento implícito de que los mexicanos vivimos en un escenario belicoso, y él es uno de sus principales protagonistas.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Siguen los escándalos, ahora entre personajes supuestamente independientes del ejecutivo. El nuevo episodio de ilícitos en la actual administración, involucra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. ¿Habrá consecuencias?
@Edumermo
