La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía en Delitos Electorales de la FGR contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y su secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, por un presunto intento de desvío de 32 millones de pesos destinados a la capacitación de mujeres.
En declaraciones a varios medios de comunicación, Arcos Velázquez detalló que fue presionada para aceptar e implementar un esquema de desvío de fondos del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, del cual ella era presidenta.
“Este recurso no puede ser utilizado como caja chica de los dirigentes priistas”, afirmó la legisladora, destacando que los fondos estaban auditados y bajo supervisión del INE.
La legisladora tamaulipeca explicó que la denuncia se centró en la violencia política en razón de género por la obstrucción de sus facultades como líder del organismo, particularmente en la gestión de un fondo del 3% destinado a la capacitación de mujeres en partidos políticos.
“Alejandro Moreno y su secretario de Finanzas me presionaron para buscar generar un esquema en donde ellos pudieran retornar la mitad de un recurso de 32 millones”, expuso.
Durante los primeros tres años de su gestión, Arcos Velázquez aseguró que los recursos fueron manejados de manera transparente. Sin embargo, en el cuarto año, Moreno y Gutiérrez Arroyo le solicitaron simular el uso del dinero con capacitaciones en línea de un “instituto patito”.
Como evidencia de su denuncia, la diputada presentó un audio del 27 de junio de 2023 en donde se puede escuchar a Gutiérrez Arroyo plantearle aceptar cursos en línea a un costo menor y regresar la diferencia a la Secretaría de Finanzas.
“Ellos me pedían que me prestara yo para poder simular usar el recurso y ellos quedarse con la mitad del recurso”, enfatizó la diputada en la entrevista con López-Dóriga.
La presión incluyó una propuesta de impartir tres cursos en línea, cada uno con un valor supuesto de 11 millones de pesos. “Como yo me negué a esto, lo que se viene es violencia política en razón de género”, sentenció Arcos, quien fue excluida de las actividades del partido y destituida de su cargo sin notificación formal, además de ser privada de sus funciones administrativas.
En diciembre pasado, Arcos fue destituida y le negaron la entrega recepción de su gestión. A esto se suma que para tener acceso a una reunión con la Contraloría del PRI, donde entregó un vehículo y laptops, fue requisada para confiscar cualquier dispositivo de grabación.
Finalmente, la diputada dijo desconocer qué ocurrió con el recurso asignado para la capacitación de mujeres, razón por la cual presentó una queja ante el área de Fiscalización del INE.
“El daño no fue únicamente a mí como dirigente, fue a las miles de mujeres que año con año tenían acceso a una escuela nacional de mujeres priistas, a actividades con instituciones de prestigio, y básicamente mi temor era que me involucraran en un tema de corrupción”, sentenció.
