Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una polémica respecto el último decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con el proyecto del Tren Maya, el corredor Transístmico y varios aeropuertos como de seguridad nacional, ya que restringe el acceso a la información pública; esto ocurrió hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según se lee en el documento, la medida del presidente es un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental, establecido en el artículo 6o de la Constitución; asimismo, invade las competencias del Poder Legislativo y las facultades del Congreso, al transgredir leyes relacionadas con la seguridad nacional, la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de obras públicas.
“Constituye una transgresión a las facultades legislativas del Congreso de la Unión, toda vez que el Titular del Ejecutivo Federal amplía el concepto de seguridad nacional establecido en la Ley, sin contar con las atribuciones para realizarlo”, señala el texto.
Además, la controversia presentada por Creel Miranda acusa al Ejecutivo de buscar asumir el papel de legislador, pues intenta otorgar el estatus de “seguridad nacional” a las megaobras, sin contar con el respaldo legal para hacerlo.
“En la Ley de Seguridad Nacional, publicada el 31 de enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, se establece que los legisladores tenían como finalidad cumplir con la facultad que se les había otorgado para establecer una ley que precisará el concepto, los principios, los supuestos en los que se puede ver amenazada la Seguridad Nacional y sobre todo determinar la acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional. Todo esto para evitar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de las autoridades”, señala el documento.
Adicionalmente, sugiere que el decreto impide la máxima publicidad de la información y afecta negativamente el principio de transparencia, el cual debe prevalecer en estos procedimientos.
Para anunciar esta acción, el presidente de la Cámara de Diputados publicó un video publicado en redes sociales, en donde reiteró que la medida del presidente es un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental.
“Interpuse esta demanda, con el único objetivo de defender las atribuciones que la constitución le otorga al poder legislativo, representante del pueblo de México”
Asimismo, agregó que este decreto perjudica la eficacia, la economía y la honradez en la gestión de los proyectos emblema de la presente administración, tales como la construcción del Tren Maya, del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
“Esto es doblemente grave, primero porque violenta nuestros derechos humanos, segundo porque lo hace a sabiendas que es inconstitucional, puesto que la SCJN, acaba de resolver el pasado 18 de mayo una controversia constitucional, la cual establece que el presidente no puede cambiar el significado de seguridad nacional, interés público y de acceso a la información pública gubernamental”, puntualizó.
La presentación de la controversia constitucional viene después de que la semana pasada, la SCJN invalidara un primer decreto emitido por López Obrador en 2021, que buscaba clasificar los proyectos de su administración como de interés público y de seguridad nacional. Sobre dicho proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo a cargo de la revisión del decreto, lo calificó de inconstitucional por su amplitud y ambigüedad.
Por ello, y en línea con lo dicho por la SCJN, Santiago Creel exhortó al presidente que en caso de que la Corte reitere la inconstitucionalidad del decreto y si insiste en expedir un nuevo acuerdo sobre lo ya resuelto, de inmediato a nombre de la Cámara, volverá a impugnar su actuación y así lo hará las veces que sea necesario.
“Sí presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley”, sentenció el legislador, y destacó su compromiso con la defensa de la Constitución y la separación de poderes en la República.
