La propuesta del Ejecutivo Federal en materia de competencia económica es vista como un paso decisivo hacia una economía más equitativa, afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Según el legislador, esta iniciativa busca colocar el bienestar de las y los mexicanos en el centro de las políticas públicas, al apostar por un entorno de mercado eficiente y con reglas parejas para todos los actores.
Ramírez Cuéllar consideró alentador que diversas instancias del Estado coincidan en una visión que plantea a la competencia no solo como un factor económico, sino también como una vía para lograr inclusión. Señaló que esta iniciativa representa una ocasión relevante para fortalecer el marco normativo del país, adecuándolo a estándares internacionales. También recordó que guarda similitudes con la iniciativa que él mismo promovió en febrero pasado.
El diputado recalcó el alto costo que implica la ausencia de competencia en los mercados: sobreprecios que equivalen al 15.7% del gasto total de los hogares. Este impacto es particularmente severo para el decil más pobre, cuya pérdida relativa de ingresos es cuatro veces mayor que la del decil más rico. En estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el detrimento en bienestar es un 47% más alto que en el noroeste del país. Subrayó que las mipymes también son afectadas por barreras impuestas por actores dominantes, haciendo de la competencia un tema de justicia social.
En cuanto al contexto internacional, el legislador recordó que el TMEC exige a cada país contar con una autoridad que regule de forma asimétrica a los Agentes Económicos Preponderantes, denominados “proveedores importantes”, según el artículo 18.1. Esta autoridad debe operar con autonomía funcional y de decisión, de modo que no incurra en conflictos de interés, conforme lo establece el artículo 18.17 del acuerdo.
También puntualizó que el artículo 21.1 del TMEC obliga a los países miembros, México, Estados Unidos y Canadá, a garantizar un sistema legal sólido y organismos de competencia autónomos, cuya labor consista en vigilar y fomentar mercados equitativos y eficaces.
El diputado añadió que, conforme al artículo 28 constitucional, corresponde a una autoridad especializada establecer y hacer cumplir la regulación asimétrica vinculada a la preponderancia. Esta autoridad, explicó, opera mediante un organismo descentralizado con independencia técnica y operativa, cumpliendo con los requisitos del T-MEC y asegurando eficiencia tanto en sus decisiones como en su administración.
Ramírez Cuéllar destacó que cumplir con los compromisos internacionales no es solo una obligación externa, sino una forma de proteger a las familias mexicanas contra abusos del mercado. Una autoridad independiente, dijo, es capaz de frenar prácticas como precios abusivos o restricciones al acceso a servicios esenciales.
“Hablamos de competencia no como un tecnicismo, sino como una herramienta para lograr precios justos, más opciones y un mercado que sirva a las familias mexicanas, no a intereses particulares”, expresó.
La propuesta contempla modernizar el marco normativo mediante varias medidas clave:
- Incorporar sanciones contra abusos de mercado, como precios excesivos o condiciones inequitativas, alineándose con normas de la Unión Europea.
- Acortar los tiempos en los procesos por prácticas monopólicas, brindando mayor agilidad al Estado y seguridad jurídica a empresas y consumidores.
- Ampliar la supervisión de fusiones y adquisiciones desde fases iniciales, reduciendo los umbrales de notificación.
- Endurecer las sanciones por prácticas anticompetitivas, como herramienta de disuasión y defensa directa de los consumidores y las mipymes.
“México no puede seguir permitiendo que unos cuantos dominen los mercados mientras millones enfrentan precios injustos y barreras de acceso. Fortalecer la competencia es proteger el bienestar de las familias, impulsar la equidad y consolidar un sistema económico donde nadie quede atrás”, concluyó el legislador.
