La ministra presidenta Norma Piña ordenó al Consejo de la Judicatura Federal investigar a los principales operadores de su antecesor Arturo Zaldívar, por una denuncia que los acusa de conformar un “sistema corrupto” para presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados.
Las acusaciones presentadas apuntan contra Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, quien es señalado de presuntamente ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables.
En virtud que el CJF no tiene facultades para indagar y sancionar a Zaldívar, Piña también instruyó remitir el caso particular del ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para darle trámite a la denuncia.
Por la cantidad de personajes y hechos denunciados, esta es la investigación más amplia que ha sido abierta contra integrantes del Poder Judicial de la Federación sobre posibles actos de corrupción, extorsiones y amenazas, entre otras ilegalidades.
Un oficio emitido el pasado 9 de abril en la investigación J/108/2024, detalla que el CJF abrió este expediente con base en una denuncia anónima que acusa a Zaldívar como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial.
En la denuncia presentada también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a los jueces y magistrados.
De igual forma, se señala que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
La denuncia también señala que el expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
