La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández; y rechazó cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.
Subrayó que el juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante.
“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, refirió el organismo en un comunicado.
Destacó que no es atípico que se presenten quejas y denuncias en contra de los juzgadoras ante el CJF y que alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso.
La Jufed resaltó que en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de juzgadores, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias.
También refrendó su compromiso con la Constitución, la sociedad y la justicia.
