Un mar de culpas y ninguna explicación para las familias de las víctimas, es lo que estamos presenciando entre los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, por una ola de desapariciones en una carretera que comunica a ambas entidades.
Lo peor es que las declaraciones que hacen los gobernadores Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, ni ayudan ni abonan a conocer la verdad de lo que está ocurriendo, y el problema no tarda en convertirse en tema diplomático que tendrá que atender el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el gobierno de Washington.
¿Usted se preguntará por qué? Pues resulta que el pasado lunes un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se sumó, en territorio nacional, a la búsqueda de Gladys Pérez Sánchez y sus dos hijos estadounidenses, quienes desaparecieron el 13 de junio cuando se dirigían a su casa en Laredo, Texas. Les perdieron el rastro al pasar, por lo que ahora llaman “la carretera de la muerte”, Monterrey-Nuevo Laredo.
La vocera de la Oficina del FBI en San Antonio, Texas, informó a la cadena Univisión que agentes federales estadounidenses se sumaron a los trabajos del gobierno mexicano para encontrar a esta familia, sin -hasta el cierre de esta columna- tener éxito.
Lo que también preocupa en este asunto es lo que dio a conocer al portal de noticias Animal Político, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, al señalar que de octubre de 2020 a la fecha hay 70 personas desaparecidas en el mismo sitio.
Obligados por la situación y ante la presión pública, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el fiscal de Justicia de ese estado, hablaron sobre el tema pero lejos de despejar las dudas, lo que hicieron fue repartir culpas.
El fiscal de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dijo a la prensa que la mayoría de las desapariciones han ocurrido en la parte de Nuevo León, y no en su estado, y lo que es peor, que el tramo carretero donde desapareció la gente es del orden federal. Es decir, estimado lector, que ellos no son responsables, según sus investigaciones y que ya turnaron todos los casos a la Fiscalía General de la República, mire usted el grado de sensibilidad de este funcionario.
García Cabeza de Vaca anunció operativos conjuntos para inhibir a la delincuencia en la llamada “carretera de la muerte” Monterrey-Nuevo Laredo.
En tanto, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez, ha denunciado que la mayoría de estos delitos han sido cometidos por grupos de sicarios de los carteles del Golfo y Los Zetas.
Aunado a esto, adjudicó a las autoridades haber encontrado y llevado con sus familiares a algunas de las personas que fueron secuestradas en esa carretera y que después de ser liberadas por sus captores, llegaron a sus casas por sus propios medios.
Lo que está ocurriendo en esa carretera es muy preocupante. Habrá que preguntarse qué trabajo de inteligencia está haciendo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para evitar que ocurran estos casos, y lo más importante es encontrar a las personas desaparecidas, ya que su trabajo brilla por su ausencia; y qué decir del general Luis Rodríguez Bucio, quién es el comandante de la Guardia Nacional, quien tiene un agrupamiento que se encarga de la vigilancia de las carreteras de nuestro país, que no han dado un informe sobre lo que actualmente ocurre en la llamada “carretera de la muerte”.
En Cortito: Nos cuentan que en Campeche, la virtual gobernadora, Layda Sansores, ya prepara al equipo de transición para tomar las riendas del estado. Los ejes centrales de su gobierno, que empezará en septiembre de 2021 y que concluirá en 2027, serán la austeridad y el combate a la corrupción, sobre todo en esta entidad que ha sido gobernada por el PRI por 92 años y que sirvió para saquear al pueblo campechano, y enriquecer a algunas familias de apellidos que suelen aparecer en las revistas y secciones sociales de los periódicos. Desde el primer día de gobierno, la gobernadora Layda Sansores lanzará una cruzada en Campeche para empoderar a la gente pobre con más y mejores programas sociales, apoyos al campo y a las comunidades más apartadas de la entidad. Nos cuentan que en Campeche están muy preocupados varios periodistas de medios nacionales y locales que trabajaron para el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, “Alito” y se dedicaron a golpear en todo momento a la candidata a la gubernatura de Morena-PT, al grado de que se metieron hasta con su persona en el afán se desprestigiarla, ya que se les acabarán los jugosos apoyos económicos. Lo interesante aquí es que ni el español, experto en generar guerra sucia en campañas electorales, Antonio Solá, ni las decenas de millones de pesos que invirtieron “Alito” y Rubén Moreira fueron suficientes para quebrantar la voluntad de los campechanos de lograr la alternancia.
Otro de los damnificados de las elecciones del 6 de junio, es Eliseo Fernández, candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, quien debe andar muy preocupado, porque dicen que las denuncias por el uso de empresas fantasma para saquear las arcas del municipio de Campeche, van en serio y que será la Fiscalía General de la República la que deslinde las responsabilidades correspondientes, las cuales, nos confían nuestras fuentes, pueden llegar al orden penal.
