Perú ha vivido una gran ola de manifestaciones desde el pasado 7 de diciembre cuando el Congreso decidiera destituir al entonces presidente Pedro Castillo, hoy injustamente preso.
Poco después de su destitución, Dina Boluarte se juramentó como presidenta ante el Congreso peruano y desde entonces la población del sur del Perú expresó su rechazo, exigió el adelanto de elecciones para este 2023, y la inmediata renuncia de Boluarte. De hecho Pedro Castillo la ha responsabilizado “del feroz ataque a sus compatriotas”.
La represión contra los ciudadanos de nuestro país hermano ya deja 46 muertos hasta el momento; se emprende una política de masacre contra la población indígena a través de una dictadura cívico militar.
En estos días el departamento de Puno decretó tres días de duelo nacional laborable por respeto a las víctimas además de la “inmovilización social” o toque de queda por el deceso de 17 manifestantes (entre ellos un menor de edad), y un policía en la localidad de Juliaca durante el pasado lunes 9 de enero, la jornada más violenta registrada hasta la fecha. Ahora la policía dispara contra los ciudadanos de Cuzco.
En este contexto y como secretario de la Comisión de América Latina en el Senado de la República consideró prioritario frenar la ola de violencia y de las muertes sobre todo en las regiones sureñas del Perú, donde los ciudadanos también exigen la liberación del destituido ex mandatario Pedro Castillo, su restitución presidencial y cierre del Congreso.
Exigimos que pare la masacre de nuestros hermanos de Perú por el derecho a la vida, el derecho de los pueblos indígenas reconocidos por la ONU y organismos internacionales en nombre de la paz y la justicia social.
Las Autoridades deben cesar de inmediato el uso excesivo de la fuerza contra la población civil y evitar más muertes. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades al respeto irrestricto de los derechos humanos y a la indignación popular que recorre Perú.
Además de los bloqueos carreteros en seis regiones del país, (que han llevado al caos,) el gobierno de Puno llamó a la fiscalía para dar con los responsables de las muertes, los ataques a vehículos policiales y saqueos generalizados. Uno de los policías perdió la vida a causa de quemaduras.
La Defensoría del Pueblo y el gobierno reportaron también 68 civiles y 78 policías heridos con balas o perdigones, y la Fiscalía anunció que empezó otra investigación preliminar contra Dina Boluarte por los delitos de “genocidio, homicidio calificado, y lesiones graves cometidas presuntamente durante las manifestaciones en diciembre de 2022 y lo que va del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa, Ayacucho y Puno.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años, esto por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Las indagatorias también contemplan al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez ante las lamentables muertes de civiles presuntamente provenientes de armas de efectivos del ejército y la policía.
El Ejecutivo, además señala a Evo Morales, el ex presidente de Bolivia como el culpable de los disturbios y la Superintendencia Nacional de Migraciones ha decretado la prohibición de ingreso en territorio peruano para Morales y ocho bolivianos más. Morales ha expresado que lamenta “el desprecio por la vida de nuestros hermanos indígenas en Perú asesinado por el aparato represor de un Estado que reproduce el discurso y prácticas racistas y segregacionistas de la Colonia; además de la pasividad cómplice de organismos defensores de derechos Humanos que fomentan la impunidad”.
El odio y el racismo contra Castillo, el odio y el racismo contra Perú libre, no pasarán. ¡El pueblo resiste en pie de lucha!
