Fue un “albazo legislativo” de Morena y sus aliados y el PRI haber acordado realizar ayer la declaratoria de reforma constitucional al artículo Quinto Transitorio para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, sin consultar a la oposición, aseveró el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez.
En entrevista,aseveró que con esto pretenden dar “carpetazo” al tema y dejar a un lado la petición que realizó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que se pronuncie respecto a las reformas en materia de seguridad que planteó el Gobierno Federal respecto al uso de las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional.
“Esto se debió de plantear en la Junta de Coordinación Política, como se hace con todos los casos que forman parte del orden del día de las sesiones. Uno entiende que, si de repente se registra un sismo o una catástrofe natural, te pasen a firma un acuerdo extemporáneo o de urgencia para atender la emergencia, pero éste es un asunto sustantivo que se sigue discutiendo en algunos congresos locales y pasarlo ‘fast track’ es una muy mala señal”, asentó.
Apuntó que también representa una violación y un atropello al espíritu de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte y da materia para una nueva impugnación.
El líder parlamentario aseguró que Morena y el PRI están sometidos al poder, tienen una alianza y han sido víctimas de la extorsión e incluso, dijo, hace unos días se pedía la destitución del diputado y dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas y ahora hasta quieren proponer que la Comisión de Gobernación y Población, que él mismo preside, sea una de las instancias que dictamine la reforma política-electoral.
“Éste es el primer signo visible de este pacto en materia electoral y, sin duda alguna, vemos al PRI sometido, incluso hay un cambio de actitud de todo el Gobierno de la República hacia la dirigencia nacional del PRI. Yo espero que la presión de la sociedad haga que el PRI no se doble, pues aún si se aprobara una reforma electoral que no sea tan mala, cómo vamos a poder nosotros controlar lo que se derive las normas secundarias”, externó.
Sobre el audio que difundió el presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, indicó que es un acto ilegal de intimidación, con una actitud temeraria y provocadora por parte del Presidente y no hay que caer en su juego.
En ese sentido, Álvarez Máynez sostuvo que la marcha en defensa del INE, prevista para el próximo domingo, debe ser ciudadana y los partidos no deben participar para no distorsionar el objetivo, y si algún legislador o legisladora desea acudir que lo haga a título personal.
“El Presidente no es ingenuo y tiene muy clara su estrategia y seguramente va a descalificar la marcha del próximo domingo, en defensa del INE. Es excesiva, pero el Presidente siempre está revisando la parte electoral por encima de la estabilidad social del país”, indicó.
Adelantó que MC recibirá este jueves a algunos grupos de ciudadanos que acudirán a la marcha, a quienes les expresarán su respaldo y les pedirán no deslegitimar la marcha pintándola de colores partidista o de una disputa electoral.
Subrayó que el Gobierno Federal siempre tendrá posibilidades de presionar, amenazar y chantajear, porque como decía Agustín Basave Benítez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, es “la política del garrote y la zanahoria” y han puesto sobre la mesa ambos en el caso de MC, pero pensar en el bienestar individual y repartirse la ceniza del país no es una buena idea.
“Lo que le pasaría al país con una reforma electoral, como la que quiere el Gobierno Federal, sería acabar con el único logro que tuvimos en la alternancia, la transición democrática, que fue quitarle al gobierno la organización de las elecciones y no dejarle eso a nuestros hijos sería una tradición histórica y a nuestra democracia y no hay nada que lo valga ni el golpeteo, ni ningún cargo”, asentó.
Respecto al recorte presupuestal que se proyecta para el INE, Álvarez Máynez señaló que constituye un desmantelamiento institucional que hay que pelear también en la SCJN, porque la protección de la autonomía del INE pasa porque tenga un presupuesto suficiente.
