La diputada del PRI, Ana Karen Guadarrama Santamaría, propuso a la Cámara de Diputados del Estado de México establecer como obligación de los padres, madres o tutores que hagan un manejo correcto de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes, que no vulnere su derecho a la intimidad, ni pongan en riesgo su imagen.
Al subir a tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), encabezado por Elías Rescala, la legisladora explicó que, en muchas ocasiones, los padres, madres o tutores desconocen las normas y procedimientos que implican el manejo de datos personales, por lo que actuando de buena fe y sin consultar a la autoridad cuál será el uso de la información, la proporcionan al realizar trámites escolares, en solicitudes de inscripción a programas gubernamentales o cuando participan en dinámicas, concursos y certámenes.
Sin embargo, por su condición, las y los menores de edad, están normalmente expuestos a la vulneración de este derecho, siendo susceptibles a ser víctimas de la comisión de delitos o acciones que menoscaben su integridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con este artículo, dijo, se considerará violación a su intimidad cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación, que menoscaben su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.
Por ello, la priista expuso la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIII (trece) al artículo 4.200 Bis del Código Civil del Estado de México, con la que dijo se podrá complementar al exhorto que pidió el pasado 17 de noviembre, para que autoridades estatales y municipales que manejan datos personales de niñas, niños y adolescentes implementen medidas de seguridad que garanticen su debido tratamiento.
Esta propuesta se turnó para su análisis, estudio y, en su caso, dictamen a las comisiones de legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de la Comisión especial de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y de la primera infancia.
