Tras ser acusado de actos ilegales tras la eliminación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa mantiene una enuncia penal interpuesta el 18 de agosto de 2020 por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y la cual se ratificó este miércoles.
La denuncia, presentada inicialmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), no solo involucra a Calderón, sino también a diversos miembros de su gabinete y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según el SME, la desaparición de LyFC, que resultó en el despido de más de 44 mil trabajadores electricistas, fue concretada de manera ilícita mediante un “asalto armado y militar”.
Los quejosos citaron en la denuncia la publicación del libro “Decisiones difíciles” en 2020, donde Calderón menciona detalles sobre la extinción de LyFC. El SME sostiene que el capítulo 8 podría contener confesiones de actos que son constitutivos de delitos, entre los que destacan abuso de poder, desviación de fondos públicos y actos de corrupción ligados al decreto.
Adicionalmente, la organización sindical apunta a daños significativos a la industria eléctrica nacional por esta acción. Entre los daños mencionados están el cambio en la red eléctrica, reemplazando cobre por aluminio, y el saqueo de bienes patrimoniales de LyFC por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
“Entre otras cosas podemos mencionar el daño patrimonial del cambio de la red de cobre por aluminio, el saqueo de los bienes patrimoniales de LyFC a manos de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la precarización de las condiciones de trabajo en el sector eléctrico nacional”, se lee en un comunicado firmado por José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior del SME.
Asimismo, subrayó la importancia de la denuncia y expresó que más allá de buscar justicia para los trabajadores afectados, es una oportunidad para llevar ante la justicia a gobiernos neoliberales, acusados de saquear al país durante décadas y de permanecer impunes.
Finalmente, el SME hizo un llamado a que se haga justicia por los delitos que pudieron haberse cometido en el proceso de extinción y espera que este acto marque un precedente para la responsabilización de actos gubernamentales en el futuro.
